Contundente postura de empresarios mineros sobre la Ley de Glaciares: “Si no se aclara, el 75 % de los recursos minerales van a seguir esperando”

El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Roberto Cacciola, afirmó que no es necesaria una nueva ley sino una aclaración de la vigente, advirtió sobre el impacto en las inversiones y coincidió con el gobernador en que “los recursos son de las provincias”.

El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Roberto Cacciola, planteó una posición firme respecto de la Ley de Glaciares y advirtió que, sin una aclaración de la norma, “el 75 % de los recursos minerales van a seguir esperando”. La definición se dio en el marco del FNS Forum, donde el directivo señaló que no se requiere sancionar una nueva ley, sino precisar aspectos de la vigente para destrabar inversiones que considera cruciales para el desarrollo minero del país y, particularmente, de la provincia de San Juan.

Cacciola explicó que la postura de la entidad surge de un estudio interno realizado por CAEM, que concluye que una aclaración “efectiva y definitiva” de la Ley de Glaciares es el único paso pendiente para que los inversores tomen decisiones finales sobre proyectos que implican “miles de millones de dólares”.

Asimismo, coincidió con el gobernador Marcelo Orrego al remarcar que “los recursos naturales son de las provincias”, un principio que —según indicó— debe quedar asentado en la reglamentación.

El análisis ocurre en un contexto de creciente interés nacional por el desarrollo minero y por los recursos económicos que la actividad podría aportar. Desde el Gobierno nacional se manifestaron dispuestos a evaluar la Ley de Glaciares, sancionada en 2010 y cuestionada por sus definiciones imprecisas sobre el ambiente periglacial, una situación que expone a las empresas a litigios capaces de frenar proyectos en etapa de construcción o producción. En ese sentido, el presidente Javier Milei expresó que enviará al Congreso un nuevo marco normativo que “devuelva el federalismo a las provincias”, incluso con la posibilidad de establecer una Ley de Periglaciares.

Pese a ese planteo, Cacciola insistió en que no se requiere una nueva ley, sino aclarar la vigente, algo que —según consideró— podría resolverse incluso mediante su reglamentación, pendiente desde hace años. El dirigente sostuvo que la falta de precisiones genera “puntos confusos” que perjudican la toma de decisiones y retrasan el desarrollo de proyectos estratégicos. En esa línea, remarcó que “es una pena muy grande y hasta un concepto perverso” que Argentina no logre poner en marcha una industria que podría mejorar sustancialmente la calidad de vida, especialmente en las provincias mineras.

La postura de CAEM se respalda no solo en estudios propios, sino también en datos recientes de la Secretaría de Minería de la Nación, que en septiembre actualizó la base oficial de Recursos y Reservas Minerales del país. Argentina contabiliza 116 millones de toneladas de recursos de cobre y 17,1 millones de toneladas de reservas; 138,4 millones de onzas de recursos de oro y 33,6 millones de onzas de reservas; y 197,9 millones de toneladas de recursos de litio y 18,6 millones de toneladas de reservas. Con estos indicadores, la minería representó el 4 % de las exportaciones nacionales en 2024 y cerca de 5.000 millones de dólares en 2025, cifras que podrían cuadruplicarse hacia 2030 si las condiciones regulatorias se estabilizan.

En el caso del cobre, San Juan concentra proyectos de clase mundial como Vicuña, Los Azules, El Pachón y Altar. Por ejemplo, El Pachón cuenta con 25,4 millones de toneladas de recursos; Josemaría, perteneciente al área Vicuña, posee 4,6 millones de toneladas de recursos y 3 millones de toneladas de reservas; y Los Azules registra 17 millones de toneladas de recursos inferidos.

Consultado sobre si una aclaración de la Ley de Glaciares es el último paso necesario para consolidar las inversiones, Cacciola respondió que “definitivamente” sí. Además, destacó que existe consenso en el sector en torno a la necesidad de proteger los glaciares, pero advirtió que la ley actual “va mucho más allá de la protección” y requiere definiciones claras para evitar interpretaciones que generen conflictos judiciales. También subrayó que corresponde a las provincias determinar los activos sujetos a protección, tal como lo establece la Constitución.