Cristina Fernández pide prisión domiciliaria y sin tobillera

La ex vicepresidenta solicitó cumplir su condena en su domicilio, bajo custodia permanente y sin monitoreo electrónico.

11 de junio de 2025

Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta y ex vicepresidenta de la Nación, solicitó cumplir bajo arresto domiciliario la condena de seis años de prisión impuesta por corrupción en la causa conocida como "Vialidad". A través de un escrito presentado al Tribunal Oral Federal N.º 2, su defensa pidió que no sea trasladada a una alcaidía y que se disponga su detención directamente en el domicilio que comparte con su hija Florencia, en el barrio porteño de Recoleta.

El pedido fue presentado por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy poco después del fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena. En el texto de 13 páginas, solicitaron que el arresto se cumpla sin la utilización de tobillera electrónica, argumentando que la ex mandataria cuenta con custodia permanente provista por el Estado.

El juez Jorge Gorini, integrante del tribunal que condenó a Fernández, otorgó un plazo de cinco días hábiles para que todos los condenados se presenten en Comodoro Py y queden detenidos. Además, solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que identifique lugares adecuados para alojarlos, mientras se resuelven planteos judiciales pendientes.

Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la “inmediata detención” de la ex presidenta, cuestionando el plazo otorgado por el juez y señalando la proximidad de un feriado nacional como motivo para evitar demoras.

En su argumentación, la defensa de Cristina Fernández destacó su edad (72 años), su estado de salud y los riesgos para su seguridad personal, especialmente tras el intento de atentado sufrido en 2022. También señalaron que, por su condición de ex jefa de Estado, alojarla en una cárcel común sería incompatible con los estándares constitucionales y de derechos humanos aplicables a personas en su situación.

El pedido está siendo evaluado por el tribunal, mientras continúan las tensiones judiciales y políticas en torno al cumplimiento efectivo de la condena.