De la injusticia a un reclamo millonario

Carlos Ostinelli y Matías Baigorrí demandaron por $54 millones a Pablo Daniel Olivares y Roberto Carlos Arredondo tras ser víctimas de una imputación falsa que dejó secuelas irreparables en su honor, familia y proyectos de vida.

En septiembre de 2024, un nuevo capítulo de este caso conmocionó a la comunidad de Rodeo, en Iglesia, cuando Carlos Ostinelli y Matías Baigorrí, tras haber sido sobreseídos de una injusta imputación, decidieron enfrentar a quienes consideran responsables de arruinar sus vidas. La demanda, presentada por el abogado Waldo Segovia, busca una reparación de $54.581.861,12, además de intereses y costas, contra Pablo Daniel Olivares, propietario de la Clínica Argentina, y Roberto Carlos Arredondo, proveedor de servicios de vigilancia.

La denuncia no solo expone la liviandad y negligencia con la que actuaron los demandados, sino también las graves falencias del sistema judicial que permitió que dos hombres inocentes fueran tratados como delincuentes sin pruebas, mientras sus vidas eran destruidas.

El caso comenzó el 24 de diciembre de 2021, cuando Olivares denunció un supuesto robo en su vivienda. Según consta en el sumario del Juzgado Multifuero de la Segunda Circunscripción de San Juan, no se encontraron indicios ni evidencia concreta que indicaran quiénes podían ser los culpables. Sin embargo, días después, y sin fundamento alguno, Olivares amplió su denuncia señalando a Matías Baigorrí y Carlos Ostinelli como responsables del robo.

El único “sustento” para esa acusación fue una supuesta grabación de cámaras de seguridad que nunca apareció. Según la denuncia, dichas imágenes mostraban un auto similar al de Baigorrí cerca de la propiedad de Olivares. El video, que supuestamente era clave para sostener la acusación, jamás fue presentado, y la responsabilidad de su inexistencia fue constantemente atribuida al co-demandado Arredondo, quien manejaba el sistema de vigilancia.

El relato judicial no hace más que evidenciar un acto de temeridad e irresponsabilidad. Sin siquiera haber corroborado las grabaciones ni contar con pruebas concluyentes, Olivares y Arredondo impulsaron una causa que culminó en el allanamiento de domicilios, la detención de Baigorrí y Ostinelli, y un daño irreversible a sus vidas.

En febrero de 2022, Baigorrí y Ostinelli fueron detenidos, incomunicados y tratados como delincuentes. Según relatan, sus domicilios fueron allanados y sus nombres quedaron manchados públicamente, todo mientras enfrentaban un sistema judicial que no cuestionó la falta de pruebas.

“¿Cómo queda la moral, el orgullo, el honor y el respeto de la sociedad después de semejante mamarracho de la Justicia?”, se preguntaba en abril de 2023 el diario Jáchal La Región, luego de que los afectados convocaran a una conferencia de prensa para denunciar la injusticia. Esa misma pregunta sigue vigente hoy.

El impacto sobre Matías Baigorrí fue devastador. Según detalla la demanda, el proceso judicial lo llevó a perder su relación con Melisa Olivares, hermana del denunciante, con quien tenía un proyecto de vida en común. La pareja compartía propiedades, vehículos y sueños, como el de formar una familia. Tras la imputación, todo se desmoronó: la relación terminó, y Baigorrí se vio obligado a dividir bienes y enfrentar gastos legales y terapéuticos. Además, la demanda detalla que Baigorrí sufrió un fuerte deterioro emocional y psicológico, al punto de necesitar tratamiento con psicólogos debido al trauma de haber sido señalado como un criminal.

¿Hasta dónde llega el daño de una denuncia falsa?, Lo ocurrido con Baigorrí y Ostinelli es un reflejo de cómo una denuncia infundada puede destrozar vidas enteras. No solo fueron tratados como culpables desde el primer momento, sino que quedaron expuestos al desprecio social y la estigmatización, sin que ninguna autoridad se hiciera responsable por el error.

El abogado Waldo Segovia, en representación de las víctimas, fue contundente al señalar la "ligereza y malicia" con la que actuaron Olivares y Arredondo. En su escrito judicial, enfatizó cómo los acusados construyeron una causa a partir de suposiciones y pruebas inexistentes, poniendo en riesgo el honor y la estabilidad emocional de dos ciudadanos sin antecedentes y trabajadores.

La demanda por $54 millones presentada por Baigorrí y Ostinelli no solo busca una compensación económica, sino que también busca sentar un precedente en contra de quienes usan el sistema judicial de manera arbitraria y dañina. Sin embargo, ni todo el dinero del mundo podrá reparar el daño emocional y social que ambos sufrieron.

Este caso no es solo una advertencia para quienes actúan con irresponsabilidad al presentar denuncias, sino también un llamado de atención al sistema judicial, que permitió que estas falsas acusaciones avanzaran. El desenlace está en manos de la Justicia. Pero la sociedad se pregunta, ¿habrá consecuencias reales para quienes, con mentiras y negligencia, destruyen vidas? ¿Será este un caso aislado o el inicio de un cambio necesario?

La respuesta, como siempre, quedará en los tribunales. Mientras tanto, las víctimas esperan algo que ni siquiera el dinero puede devolverles, el honor y la tranquilidad que les fueron arrebatados.