Debate sobre la Ley de Glaciares en San Juan: tensiones entre científicos, ciudadanos y la minería

La primera charla técnica en la UNSJ sobre la posible reforma de la Ley de Glaciares evidenció fuertes diferencias entre especialistas, ciudadanos y actores vinculados a la actividad minera. El debate puso en primer plano la disputa entre protección ambiental y desarrollo económico.

La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) fue escenario de la primera charla abierta destinada a analizar los posibles cambios en la Ley de Glaciares, un tema que ya genera controversia a nivel nacional. La exposición estuvo a cargo de Silvio Pastore, coordinador del Gabinete de Estudios de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático de la UNSJ y responsable técnico de los estudios de glaciares en la provincia.

Antecedentes y avances científicos

Pastore comenzó su presentación repasando los avances desde la sanción de la Ley de Protección de Glaciares en 2010 y las actualizaciones del Inventario Nacional de Glaciares, completo en San Juan hasta 2022. Según explicó, la ley presenta dificultades técnicas para su aplicación, principalmente por la falta de definiciones precisas sobre el ambiente periglaciar, un área donde se prohíben actividades como la minería.

“El problema no es solo la falta de recursos o tecnología, sino que la ley queda en el terreno de las probabilidades”, afirmó Pastore. Además, consideró que los glaciares de roca aportan poco o nada de agua, por lo que protegerlos sería un uso ineficiente de recursos frente a la sobreexplotación de acuíferos como el del Valle de Tulum. “Si creo que puedo proteger una cosa muy pequeña sin entender cómo funciona el sistema completo, estoy cometiendo un error grave”, señaló.

Controversias y críticas metodológicas

El auditorio, conformado por glaciólogos, hidrogeólogos, biólogos, ingenieros, abogados, estudiantes, empresarios y vecinos, planteó numerosas críticas durante la ronda de preguntas. Raúl Orduña, abogado y vecino de Calingasta, cuestionó la doble función de Pastore como investigador y asesor independiente de empresas mineras, además de su pertenencia al Grupo Sarmiento, una agrupación local afín al desarrollo minero.

Se cuestionó también la minimización del aporte hídrico de los glaciares de roca y de la zona periglaciar frente a otros problemas como la sobreexplotación de acuíferos, así como la definición del ambiente periglaciar como “un clima”, cuando en realidad se trata de un ambiente geomorfológico claramente definido por la ciencia. La metodología para estimar volúmenes de agua fue otro punto crítico, ya que actualmente no existen herramientas con la precisión científica requerida.

Intereses cruzados: minería y agua

El debate reflejó la tensión entre quienes defienden la modificación de la ley para facilitar la actividad minera y quienes buscan proteger estrictamente los recursos hídricos estratégicos de la provincia. Juan Pablo Milana, investigador del CONICET y doctor en glaciología de la UNSJ, advirtió que “esto se está dando por el lobby minero. El pueblo tiene que decidir si quiere comprar agua envasada o proteger las fuentes para que nuestros hijos y nietos tengan agua disponible”.

Por su parte, Fabián Rodrigo, vecino de la Ciudad de San Juan, reconoció la necesidad económica de explotar minas de cobre proyectadas en la cordillera, pero destacó que “son decisiones políticas que nos sobrepasan por kilómetros”.

Rubén Gianni, geólogo y magíster en hidrogeología, manifestó su preocupación por la magnificación de la sobreexplotación y la minimización de la contribución hídrica de glaciares y periglaciares, advirtiendo que “el informe podría usarse para modificar la ley y permitir la explotación minera en áreas actualmente protegidas”.

El rol de la UNSJ y la gestión provincial

En el primer encuentro quedó abierto un interrogante sobre el papel que tendrá la UNSJ frente a la modificación de la ley. La universidad deberá definir si promueve la protección estricta del ambiente periglaciar o acompaña los reclamos del sector minero para redefinir los límites de intervención. La alta cordillera concentra nacientes que abastecen vegas, humedales, acuíferos y embalses, constituyendo un ecosistema estratégico para la provincia.

El presidente Javier Milei anunció que enviará un proyecto de ley para redefinir el ambiente periglaciar y trasladar la potestad de su delimitación a las provincias. En este contexto, San Juan se posiciona como un territorio donde la disputa entre producción minera y protección ambiental será especialmente intensa.

Hacia un consenso responsable

El consenso general entre los participantes del debate fue que la decisión sobre la modificación de la Ley de Glaciares no puede depender de la coyuntura política de un gobierno de turno. Es necesario construir una mesa multisectorial e interdisciplinaria, donde con evidencia científica y responsabilidad social se definan límites claros sobre las áreas protegidas y las sujetas a intervención. Frente a la crisis climática, proteger las reservas de agua dulce es una obligación, no una opción, para garantizar el futuro de la provincia.