El 2026 inicia con cambios: el Indec modifica la forma de medir la inflación

La actualización metodológica busca reflejar con mayor precisión los hábitos de consumo actuales, mejorar la calidad del dato y alinearlo con estándares internacionales, sin interrumpir las series históricas.

El inicio de 2026 llega con una modificación relevante en la forma en que se mide la inflación en Argentina. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) comenzó a implementar una nueva metodología para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un cambio que había sido anunciado por el Gobierno nacional en septiembre de 2025 y que finalmente se puso en marcha en el primer mes del nuevo año.

La decisión de aplicar la actualización en enero responde a criterios técnicos que buscan facilitar la comparación intermensual de los datos, sin generar un quiebre en las series históricas. De este modo, la inflación correspondiente a diciembre de 2025 —que se dará a conocer el próximo 13 de enero— aún se calculará con el método anterior, mientras que el IPC de enero, que se difundirá en febrero, será

el primero bajo el nuevo esquema.

Según se informó oficialmente, el rediseño del índice no implicará cambios abruptos en los resultados, aunque permitirá una medición más representativa de los patrones de consumo actuales de los hogares argentinos.

Qué cambia en la medición del IPC

La nueva metodología se apoya en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017–2018, que reemplaza la base utilizada desde comienzos de la década del 2000. Esta actualización introduce una canasta de bienes y servicios más amplia y reponderada, acorde a los cambios en los hábitos de consumo de los últimos años.

Entre las principales modificaciones se destacan la adopción de estándares internacionales de clasificación de consumo (COICOP 2018), que pasan de 12 a 13 divisiones, y una nueva ponderación de rubros. En ese esquema, los servicios y bienes diversos ganan mayor peso relativo, mientras que alimentos y bebidas pierden participación. Transporte y comunicaciones, en tanto, incrementan su incidencia dentro del índice.

Otro aspecto central del cambio es el aumento significativo del volumen de información relevada. El Indec pasará de registrar aproximadamente 320.000 precios mensuales a unos 500.000, con alrededor de 24.000 informantes en todo el país. Además, la recolección de datos será mayoritariamente digital, lo que apunta a mejorar la precisión y la eficiencia del proceso.

Un ajuste largamente esperado

La metodología del IPC venía siendo objeto de cuestionamientos por no reflejar adecuadamente la evolución de los hábitos de consumo, lo que generaba distorsiones en la medición del impacto real de la inflación sobre el costo de vida. En ese contexto, el Indec llevó adelante desarrollos técnicos, pruebas y consultas, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.

Desde el Gobierno nacional y desde el propio organismo estadístico defienden la actualización como una modernización necesaria, que permitirá contar con un indicador más consistente y comparable con el de otros países. No obstante, sectores críticos advierten que los cambios en las ponderaciones y la falta de aplicación retroactiva podrían dificultar ciertas comparaciones históricas y suavizar algunos efectos en indicadores sensibles.

Otros indicadores en revisión

La actualización metodológica no se limita al IPC. También se revisarán las canastas básicas que determinan las líneas de pobreza e indigencia, las cuales se recalcularán utilizando la ENGHo más reciente. Esto podría modificar los umbrales de ingresos necesarios para cubrir necesidades alimentarias y no alimentarias, y alterar las tasas de pobreza y desigualdad que se informan oficialmente.

Asimismo, la Encuesta Permanente de Hogares, que mide empleo, ingresos y condiciones de vida, se encuentra bajo evaluación para ampliar su cobertura y periodicidad. También se analizan posibles ajustes en la medición de salarios y otros indicadores sociales.

Estos cambios tienen un impacto que trasciende lo técnico, ya que influyen directamente en negociaciones salariales, actualización de contratos, ajustes tarifarios y en el diseño de políticas públicas, en un contexto en el que muchos acuerdos se indexan en función de los datos oficiales de inflación.