El agro no encuentra soluciones frente al granizo y vuelve a cuestionar una ley considerada arbitraria

Productores de pistacho y olivo advierten que no existen herramientas eficaces ni accesibles para prevenir los daños por tormentas, mientras critican una normativa que limita alternativas sin ofrecer respuestas superadoras.

Los meses de verano concentran la mayor ocurrencia de tormentas con granizo en la provincia y el sector agrícola continúa expuesto sin mecanismos efectivos de protección. Productores de distintos departamentos advierten que los daños provocados por estos fenómenos no solo afectan la cosecha en curso, sino también el rendimiento de la temporada siguiente, especialmente en cultivos como el pistacho y el olivo.

En las últimas semanas, una tormenta registrada en el departamento Pocito provocó pérdidas estimadas en torno al 30% de la producción de una finca dedicada al cultivo de pistacho. La situación volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad del sector frente a eventos climáticos extremos y la falta de herramientas preventivas con resultados comprobados.

Tanto productores pistacheros como olivícolas coinciden en que las opciones disponibles son limitadas. La malla antigranizo, una de las alternativas más difundidas, presenta costos elevados —estimados en alrededor de 13.000 dólares por hectárea— y dificultades técnicas para su implementación en grandes extensiones.

Además, advierten que en el caso del pistacho puede generar un aumento de la humedad perjudicial para la planta, mientras que en el olivo resulta incompatible con los sistemas mecanizados de cosecha.

Ante este escenario, referentes del sector aseguran que la única estrategia posible es fortalecer el manejo agronómico de las fincas y depender de condiciones climáticas favorables. Sin embargo, reconocen que esta situación deja a los productores expuestos a pérdidas recurrentes y difíciles de amortiguar, especialmente en economías regionales de alta inversión inicial.

El debate volvió a centrarse en una ley vigente desde diciembre de 2024 que suspendió el uso de tecnologías como cañones antigranizo y la siembra de nubes. La normativa establece que estas prácticas solo pueden aplicarse si se registran y demuestran que no generan impactos ambientales negativos, un proceso que hasta el momento no fue completado por ninguna empresa.

Desde el sector productivo cuestionan la normativa por considerar que restringe alternativas sin ofrecer soluciones concretas. Señalan que la prohibición fue implementada sin instancias amplias de consulta y en un contexto donde no existen políticas públicas compensatorias ni sistemas de protección accesibles para los productores afectados.

En contrapartida, informes técnicos elaborados por organismos académicos indican que estas tecnologías no cuentan con evidencia científica concluyente que respalde su eficacia para prevenir la formación de granizo o reducir sus efectos.

Estudios presentados en 2024 concluyeron que tanto los cañones como la siembra de nubes no constituyen métodos confiables para mitigar tormentas ya formadas.

Mientras el debate continúa abierto, el sector agropecuario insiste en la necesidad de avanzar en estudios técnicos independientes y en políticas integrales que permitan reducir el impacto del granizo, uno de los principales factores de riesgo para la producción agrícola en la provincia.