El Congreso tratará este mes la modificación de la Ley de Glaciares en sesiones extraordinarias

El Poder Ejecutivo convocó al Parlamento entre el 10 y el 30 de diciembre e incluyó en la agenda la adecuación de la Ley 26.639, considerada clave para el avance de proyectos mineros.

Con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 865/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, se confirmó que la modificación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639) será debatida durante las próximas sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación.

El Ejecutivo convocó al Poder Legislativo a reunirse entre el 10 y el 30 de diciembre, incorporando en el temario la propuesta de adecuación normativa que apunta a redefinir los alcances de la ley vigente y, particularmente, el modo en que se determina el ambiente periglacial. La iniciativa es considerada estratégica para habilitar el avance de proyectos mineros, especialmente los vinculados al cobre, que permanecen condicionados por las restricciones actuales.

Además de la modificación de la Ley de Glaciares, la agenda legislativa de extraordinarias incluirá el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, Modernización Laboral y la Reforma del Código Penal.

Días atrás, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, había adelantado que el texto del proyecto ya estaba elaborado. Durante su exposición en el Seminario Argentina Oro, Plata y Cobre, organizado por Panorama Minero, señaló que el Gobierno trabajó “durante meses, buscando consensos” y que la propuesta adoptará el formato de “ley aclaratoria”.

La adecuación apunta a otorgar a las provincias la facultad de definir con mayor precisión qué áreas corresponden al ambiente periglacial dentro de sus territorios, un planteo sostenido por el presidente Milei desde el inicio de su gestión. Esta descentralización busca brindar mayor certeza jurídica a las inversiones y destrabar iniciativas mineras y de hidrocarburos actualmente detenidas por la interpretación vigente de la norma.