El Gobierno avanza con la privatización de cuatro represas hidroeléctricas

La Nación acordó con Neuquén y Río Negro el pago del canon y la administración de los recursos hídricos. Espera recaudar unos 500 millones de dólares.

17 de agosto de 2025

El Gobierno nacional anunció que en los próximos días lanzará el proceso de licitación nacional e internacional para concesionar por 30 años la operación de cuatro represas hidroeléctricas clave en el Comahue, tras alcanzar un acuerdo con las provincias de Neuquén y Río Negro.

El entendimiento, cerrado luego de varios meses de negociaciones, reconoce a las provincias la titularidad de los recursos hídricos y establece un canon por el uso del agua que será abonado por las futuras operadoras. También fija criterios de distribución de regalías, compromisos en materia de seguridad hídrica y obligaciones de las empresas respecto de la información hidrometeorológica.

Según estimaciones oficiales, el proceso podría significar ingresos por unos 500 millones de dólares para el Estado, de acuerdo a lo indicado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Cuáles son las represas involucradas

El llamado a licitación abarcará las sociedades hidroeléctricas de Alicurá (operada por AES Argentina), El Chocón (grupo Enel), Cerros Colorados (grupo Orazul) y Piedra del Águila, todas emplazadas sobre el río Limay. Estas centrales representan alrededor del 10% de la generación eléctrica del país, con la ventaja de producir energía limpia y a menor costo que las centrales térmicas.

Un proceso largamente postergado

Las concesiones originales vencieron en agosto de 2023, durante la gestión de Alberto Fernández. En ese momento, el gobierno nacional evaluaba crear un ente estatal junto con las provincias para administrar las represas, pero finalmente prorrogó la operación en manos de los concesionarios vencidos.

Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, el Ejecutivo prorrogó en siete ocasiones las concesiones mientras se negociaban las condiciones con Neuquén y Río Negro. La última extensión rige desde el 8 de agosto pasado y se mantendrá hasta el 30 de diciembre de 2025 o hasta que se adjudique la nueva concesión.

De esta manera, la gestión libertaria da un paso clave hacia la reprivatización del complejo hidroeléctrico del Comahue, un proceso que lleva más de dos años de indefiniciones.