El Gobierno volvió a postergar la actualización de impuestos para evitar un aumento en los combustibles

La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. Las actualizaciones pendientes de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se aplicarán desde el 1 de julio.

El Gobierno nacional dispuso una nueva postergación en la actualización de los impuestos que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, con el objetivo de evitar un impacto inmediato sobre los precios de la nafta y el gasoil.

La medida fue oficializada a través del Decreto 405/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y establece que los incrementos correspondientes a los períodos pendientes de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026 comenzarán a regir a partir del 1 de julio.

Según se detalla en la normativa, la decisión se adoptó con la finalidad de sostener la estabilidad de precios y acompañar la estrategia económica orientada a consolidar el proceso de desaceleración inflacionaria.

Los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se actualizan de manera periódica en función de la inflación acumulada y tienen incidencia directa en el valor final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio de todo el país.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei se aplicaron algunas actualizaciones parciales, aunque una parte importante de los incrementos previstos fue diferida en distintas oportunidades. Con esta nueva decisión, continúan pendientes ajustes correspondientes a varios trimestres de 2024, todo el año 2025 y los primeros meses de 2026.

La medida se suma a otras acciones adoptadas recientemente para moderar el impacto de los costos energéticos sobre la economía. Durante mayo, el Ejecutivo ya había decidido postergar parcialmente la actualización de estos tributos, mientras que en abril también había diferido incrementos previstos debido al contexto internacional y la volatilidad registrada en el mercado petrolero.

La decisión oficial coincide además con la estrategia implementada por YPF, que aplicó una suba del 1% en los combustibles a mediados de mayo y anunció que mantendrá sus precios sin modificaciones hasta fines de junio.

De esta manera, la petrolera estatal busca evitar que las fluctuaciones internacionales del precio del petróleo se trasladen de manera inmediata a los surtidores, una política que la compañía denomina como sistema de amortiguación o “buffer de precios”.

Desde el Gobierno consideran que la contención de los precios de los combustibles resulta clave para sostener la tendencia descendente de la inflación. Tras registrar un índice del 3,4% en marzo y del 2,6% en abril, las autoridades económicas esperan que la desaceleración continúe durante los próximos meses.

En ese contexto, la postergación de los impuestos busca evitar presiones adicionales sobre los costos de transporte y logística, factores que suelen tener incidencia directa sobre los precios de bienes y servicios.

Salvo nuevas modificaciones, la actualización acumulada de los gravámenes comenzará a aplicarse a partir del 1 de julio, momento en el que el Gobierno deberá definir si mantiene el esquema de diferimientos o avanza con la normalización del cronograma impositivo previsto para el sector.