El Parlamento Europeo frenó el acuerdo UE–Mercosur y lo envió a la Justicia para su revisión

El proceso de ratificación del tratado quedó suspendido luego de que el Parlamento Europeo resolviera consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su compatibilidad con los tratados comunitarios.

El Parlamento Europeo resolvió remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe si el texto es compatible con los tratados comunitarios. En la práctica, esta decisión implica la paralización del proceso de ratificación del acuerdo hasta que el máximo tribunal europeo emita su dictamen, lo que podría demorar su eventual entrada en vigor hasta dos años.

La medida fue adoptada apenas cuatro días después de la firma del acuerdo, concretada el sábado 17 de enero en Paraguay. Tras esa instancia, se había iniciado el proceso de ratificación parlamentaria dentro de la Unión Europea, en un esquema jurídico que buscaba acelerar la aprobación de la parte comercial del tratado.

La Comisión Europea había optado por dividir el acuerdo, permitiendo que los capítulos vinculados al libre comercio avanzaran de manera más ágil, dado que la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea y solo requiere el consentimiento del Parlamento Europeo. Sin embargo, el acuerdo de asociación completo incluye también disposiciones políticas, que exigen la aprobación de los Parlamentos nacionales de los veintisiete Estados miembros.

La moción aprobada este miércoles 21 de enero obtuvo 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. El planteo central cuestiona la base legal utilizada para la aprobación del acuerdo y el denominado mecanismo de reequilibrio, que, según algunos eurodiputados, podría afectar la autonomía regulatoria de la Unión Europea.

Desde el Parlamento se expresó además la preocupación por la posibilidad de ratificar partes del acuerdo sin el aval de los Parlamentos nacionales, lo que motivó el envío del texto al TJUE para una revisión exhaustiva de su encuadre jurídico.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estima que este tipo de dictámenes suele demorar entre 18 y 24 meses, aunque aclaró que puede priorizar el tratamiento de una solicitud si las circunstancias lo requieren. Hasta tanto se expida, el proceso de ratificación quedará suspendido.

La decisión generó reacciones encontradas dentro del bloque. Mientras algunos sectores consideraron necesario despejar cualquier duda legal, otros advirtieron que se trata de una maniobra política para dilatar un acuerdo que podría tener un impacto económico positivo para la Unión Europea, especialmente en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y amenazas arancelarias.

Desde la Comisión Europea lamentaron la resolución del Parlamento y sostuvieron que las objeciones planteadas ya habían sido analizadas en profundidad. No obstante, el debate quedó abierto y el futuro del acuerdo UE–Mercosur dependerá ahora del pronunciamiento del máximo tribunal comunitario.