Fiscales respaldan al Ministerio Público y afirman que solo 3 de 98 denuncias por mala praxis llegaron a juicio

El Consejo de Fiscalías y Asesorías defendió la actuación del Ministerio Público en el caso que involucró a la médica Daniela Saldivar Ozán y cuestionó las críticas realizadas por sectores del ámbito sanitario.

La Comisión Directiva del Consejo de Fiscalías y Asesorías (CONFIAS) emitió un comunicado en el que respaldó el accionar del Ministerio Público en causas por mala praxis, luego de las objeciones planteadas por profesionales de la salud tras la condena a la obstetra Daniela Saldivar Ozán.

El organismo aseguró que la intervención fiscal en este tipo de investigaciones se realiza “con absoluta objetividad y apego a la ley”, especialmente considerando la complejidad de los hechos que deben analizarse. También rechazó las acusaciones que sostienen que la justicia criminaliza el ejercicio de la medicina, aclarando que las actuaciones penales se inician únicamente cuando se verifica una conducta negligente o imperita que vulnera estándares mínimos de resguardo de la vida y la integridad.

En respuesta a las críticas difundidas por algunos médicos, CONFIAS afirmó que “nadie es juzgado por ser médico ni por cometer un error involuntario, sino por apartarse de las reglas mínimas esperadas para el ejercicio profesional”. El comunicado remarcó que la justicia evalúa cada caso en función del daño ocasionado y de la conducta demostrada, no de la profesión del involucrado.

Asimismo, la entidad dio a conocer datos sobre las denuncias ingresadas desde la implementación del sistema acusatorio en la provincia de San Juan en 2021. Señaló que, de un total de 98 denuncias por mala praxis, solo tres llegaron a juicio oral, y únicamente en esos expedientes se determinó un apartamiento grave de los parámetros legales y médicos requeridos. Desde el Consejo destacaron que esta cifra demuestra que no existe criminalización de la actividad sanitaria.

El comunicado también subraya la responsabilidad del Estado de Derecho en garantizar que todo hecho que derive en un daño evitable sea sometido a análisis judicial, en resguardo tanto de las víctimas como de quienes deben responder frente a un eventual incumplimiento profesional.

CONFIAS concluyó transmitiendo tranquilidad al sector sanitario, enfatizando que el trabajo de fiscales, asesores y equipos técnicos se enmarca exclusivamente en la investigación de conductas que lesionan bienes jurídicos protegidos, y no en la persecución de una profesión en particular.