La Obra Social Provincia promueve mayores controles para proteger a los afiliados a raiz de las denuncias en Iglesia

El Dr. Amílcar Dobladez denunció fraudes en prestaciones médicas, asegurando que la principal perjudicada es la Obra Social Provincia. Exigió el uso de la plataforma Ciudadano Digital para evitar irregularidades y advirtió que se tomarán medidas legales contra los responsables.

El ministro de Salud de San Juan, Dr. Amílcar Dobladez, reveló la existencia de irregularidades en la facturación de prestaciones médicas en el departamento Iglesia, dejando en evidencia un problema sistémico en la Obra Social Provincia (OSP). Durante su intervención, el ministro fue contundente al señalar que "el estafado es la obra social, pero el damnificado directo es el afiliado".

Según Dobladez, se han detectado casos en los que afiliados aparecen como beneficiarios de prestaciones médicas que nunca recibieron. Esto no solo representa un fraude económico para la OSP, sino que también afecta gravemente a los afiliados, quienes al descubrir consultas ficticias en su historial médico ven agotado su cupo mensual de atención. Esto los obliga a abonar de su bolsillo consultas adicionales o a postergar su atención médica.

“Estas prácticas son inaceptables y no vamos a permitir que un grupo de prestadores manche el trabajo honesto de la mayoría de los profesionales que han construido la reputación de nuestra obra social durante años”, afirmó el ministro.

En este contexto, Dobladez destacó la implementación de la plataforma Ciudadano Digital, una herramienta lanzada en diciembre que permite a los afiliados acceder a su historial médico en tiempo real. Según el ministro, esta plataforma no solo empodera a los usuarios al otorgarles control sobre sus datos de salud, sino que también sirve como un mecanismo clave para detectar y denunciar irregularidades.

El interventor de la OSP, Rodolfo Fasoli, respaldó las declaraciones del ministro, señalando que la plataforma es una pieza central en la lucha contra el fraude, “El carnet digital y los tokens son herramientas de control y transparencia que contribuyen a prevenir este tipo de situaciones”. Fasoli también aseguró que si se detecta facturación de prestaciones no realizadas, se toman medidas administrativas contra los prestadores involucrados y se inicia una denuncia formal.

Sin embargo, aquí surge una contradicción preocupante. Aunque el sistema permite a los afiliados identificar irregularidades, Fasoli explicó que las denuncias deben ser presentadas físicamente para ser válidas, lo que dificulta el acceso a la justicia para muchos afiliados, especialmente aquellos que residen en zonas alejadas.

El ministro y el interventor dejaron en claro que las investigaciones están en curso y que se están evaluando sanciones tanto para los profesionales involucrados como para la clinica donde se registraron los fraudes. Sin embargo, estas promesas no logran disipar las dudas sobre la eficacia y rapidez de las acciones tomadas por las autoridades.

En sus declaraciones, el ministro insistió en la importancia de que los afiliados usen la plataforma Ciudadano Digital como una herramienta para protegerse de fraudes. Pero esta exigencia plantea una pregunta fundamental: ¿por qué debe recaer en el afiliado la responsabilidad de controlar lo que debería ser un sistema transparente y confiable?, a pesar de que muy pronto todo sería de manera digital, por el momento, los afiliados deben lidiar con un sistema que les exige estar en constante alerta para no ser víctimas de fraudes que, en última instancia, deberían ser prevenidos por las propias autoridades.

Aunque las herramientas digitales representan un avance hacia la transparencia, su implementación no debe ser vista como la única solución. Las autoridades tienen la obligación de fortalecer los mecanismos de control internos y garantizar que las sanciones se apliquen de manera rápida y ejemplar.

La confianza en el sistema está en juego, y los afiliados esperan acciones concretas más allá de los discursos. Como señaló el ministro Dobladez, “la transparencia es fundamental para garantizar un sistema justo para todos”. Sin embargo, esa transparencia solo será posible si las autoridades asumen su responsabilidad en lugar de trasladarla exclusivamente a los usuarios.