La reforma de la Ley de Glaciares avanzó en el Senado con dictamen favorable de comisiones

El proyecto obtuvo respaldo en Minería y Ambiente y quedó habilitado para su tratamiento en el recinto el próximo 10 de febrero

El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares obtuvo dictamen favorable este jueves en el Senado de la Nación, tras ser analizado por las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Con ese aval, la iniciativa quedó en condiciones de ser debatida en el recinto durante la sesión prevista para el 10 de febrero.

La propuesta fue incorporada al temario de sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo nacional, luego de su envío al Congreso a mediados de diciembre. Desde el oficialismo se solicitó un tratamiento acelerado de la iniciativa, al considerarla prioritaria dentro del esquema de reformas impulsadas para el período legislativo extraordinario.

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Gobierno nacional sostuvo que la modificación busca evitar la paralización del “legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”. En ese marco, el proyecto propone introducir cambios que habiliten a las provincias a definir criterios diferenciados de protección sobre los glaciares ubicados en sus territorios.

Según lo planteado en el dictamen, la reforma permitiría a cada jurisdicción determinar qué glaciares deben ser preservados de manera estricta y en qué áreas podría autorizarse la actividad económica, siempre que no se ponga en riesgo una reserva estratégica de agua. La normativa vigente, en cambio, establece la protección integral de todos los tipos de glaciares y ambientes periglaciales, tanto por parte del Estado nacional como de los gobiernos provinciales.

Durante el tratamiento en comisión participaron los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil, dos provincias que cuentan con glaciares en sus territorios y una fuerte presencia de la actividad minera. Orrego expresó la voluntad de proteger el ambiente periglacial cuando cumpla una función relevante como reserva hídrica, aunque remarcó la necesidad de contar con una legislación de protección mínima que brinde previsibilidad y seguridad jurídica.

Por su parte, Jalil planteó que el análisis del proyecto debe contemplar su impacto social, ambiental y económico. En ese sentido, destacó el rol de la minería como generadora de empleo formal, al señalar que la actividad sostiene miles de puestos de trabajo directos e indirectos en las provincias productoras.

El debate en comisiones incluyó además la exposición de representantes del sector empresario, científico y de organizaciones ambientalistas, que manifestaron posturas divergentes respecto de la reforma. Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros se respaldó la protección de los glaciares como reservas de agua, aunque se cuestionaron aspectos de la ley vigente por generar incertidumbre normativa. En la misma línea, referentes de proveedores mineros señalaron la necesidad de un marco legal que acompañe el desarrollo productivo y la transición energética.

En contraste, organizaciones ambientales y especialistas advirtieron sobre los riesgos de modificar la normativa actual. Representantes de entidades científicas remarcaron la validez del Inventario Nacional de Glaciares y su reconocimiento internacional, mientras que referentes ambientales alertaron que la reforma podría alterar el espíritu original de la ley y debilitar la protección de los glaciares en un contexto de agravamiento del cambio climático.

Con el dictamen ya emitido y un respaldo mayoritario en comisiones, la iniciativa se encamina ahora a un debate clave en el recinto del Senado, donde se anticipa una discusión intensa entre posiciones productivas, ambientales y federales.