La reforma de la Ley de Glaciares profundiza la interna entre gobernadores peronistas

La aprobación en el Congreso generó tensiones entre provincias con perfil minero y aquellas que advierten por el impacto ambiental, con cruces políticos y presentaciones judiciales.

La reciente aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación abrió un nuevo frente de conflicto dentro del peronismo, evidenciando diferencias entre gobernadores de provincias con fuerte desarrollo minero y aquellos que alertan sobre posibles consecuencias ambientales.

El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado, fue aprobado en la Cámara de Diputados con 137 votos a favor y 111 en contra, lo que significó un respaldo legislativo clave para el Gobierno nacional. La iniciativa contó con el apoyo de legisladores de provincias como San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza, Tucumán, Misiones y Jujuy, incluyendo representantes del bloque Unión por la Patria.

La votación dejó al descubierto una marcada división interna. Mientras algunos sectores del peronismo acompañaron la reforma en línea con los intereses productivos de sus provincias, otros dirigentes manifestaron un fuerte rechazo.

Uno de los posicionamientos más contundentes fue el del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien anunció la presentación de un amparo ambiental colectivo ante la Justicia Federal. La acción fue impulsada junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos.

El mandatario sostuvo que la modificación de la ley podría afectar la disponibilidad de agua en su provincia, que depende de ríos de origen glacial. Además, planteó la inconstitucionalidad de la norma al considerar que vulnera derechos ambientales y el principio de no regresión establecido en acuerdos internacionales.

En contraposición, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, defendió la reforma y cuestionó a dirigentes de otras jurisdicciones por sus críticas. El mandatario sostuvo la necesidad de impulsar el desarrollo de las provincias con responsabilidad y destacó el control existente sobre la actividad minera.

Las diferencias también se reflejaron en el Congreso, donde legisladores del mismo espacio político adoptaron posturas divergentes durante el tratamiento del proyecto, profundizando la fragmentación interna.

El debate por la Ley de Glaciares no solo expuso tensiones en torno a la política ambiental y productiva, sino que también dejó al descubierto disputas más amplias dentro del peronismo, en un contexto de reconfiguración política a nivel nacional.

En este escenario, las posiciones encontradas entre gobernadores y referentes del espacio anticipan nuevos cruces en el corto plazo, tanto en el ámbito judicial como en la arena política, en medio de un debate que combina desarrollo económico, recursos naturales y protección ambiental.