La SIGEN rechaza la cautelar de la UBA y defiende la auditoría de fondos públicos

La disputa judicial entre la SIGEN y la UBA plantea interrogantes sobre el alcance de la autonomía universitaria y la rendición de cuentas de los fondos públicos, en un contexto donde la transparencia financiera resulta central.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) rechazó la medida cautelar solicitada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) para impedir una auditoría sobre los fondos públicos recibidos por la institución. Según la SIGEN, la UBA no justificó el uso de un 90,22% de las transferencias de fondos entre 2015 y 2021, y un 98,87% de las asignadas en 2022, lo que representa un monto total de $5.107 millones aún sin rendición.

En su respuesta judicial, la SIGEN argumentó que auditar no equivale a intervenir, sino que es un proceso de verificación que busca agregar valor y transparencia en la administración de recursos públicos. Como prueba, presentó al juzgado un desglose de transferencias del Ministerio de Educación, donde destaca que la UBA recibió más del 24% de los fondos asignados a universidades nacionales entre 2015 y 2021, siendo la institución con el mayor porcentaje de transferencias.

El conflicto tiene lugar en medio de tensiones entre la UBA y el presidente Javier Milei, ya que la universidad solicitó la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Administración Financiera que establece la competencia de la SIGEN para auditar fondos públicos en organismos como las universidades. La UBA sostiene que la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso, es la entidad que debería realizar tales auditorías.

La SIGEN, sin embargo, argumenta que el artículo 59 de la Ley de Educación Superior, junto con la Ley de Administración Financiera, permite al organismo auditar estos fondos pese a la autonomía de las universidades. Según el auditor general Miguel Blanco, la transparencia en el manejo de recursos públicos es un deber constitucional que ninguna institución, incluidas las universidades, puede eludir.

Para respaldar su postura, la SIGEN también citó fallos de la Corte Suprema que reafirman la aplicación de controles financieros a las universidades nacionales. A través de sus abogados y con el apoyo del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, el organismo solicitó que el tribunal rechace la medida cautelar de la UBA, argumentando que eludir la auditoría sería contrario al interés público.

La situación ha reavivado el debate sobre la autonomía universitaria y el control de fondos públicos, y se espera que la Justicia determine si la medida cautelar solicitada por la UBA es procedente. En tanto, la UBA mantiene su postura en defensa de su autarquía y el control interno, mientras que la SIGEN enfatiza que la rendición de cuentas es esencial para asegurar la transparencia en el uso de los recursos estatales destinados a la educación superior.