Legisladores peronistas de San Juan definen posiciones ante la posible reforma a la Ley de Glaciares

El Gobierno nacional planea enviar al Congreso una modificación que redefiniría las áreas glaciares y periglaciares, clave para el avance de proyectos mineros como Josemaría. En este escenario, los representantes sanjuaninos del Partido Justicialista muestran posturas divididas entre apoyo, cautela y silencio.

El Gobierno nacional evalúa enviar al Congreso una propuesta para reformar la Ley Nº 26.639, conocida como la Ley de Glaciares, normativa que protege las geoformas glaciares y periglaciares al considerarlas reservas estratégicas del recurso hídrico. El objetivo de la reformulación es precisar con mayor exactitud los límites de las zonas protegidas, ya que proyectos relevantes para la economía argentina se encuentran detenidos por ubicarse en áreas clasificadas como periglaciares. Entre ellos se destaca el proyecto minero Josemaría, situado en el departamento Iglesia, una de las áreas donde la controversia se ha intensificado.

El presidente Javier Milei anunció que la iniciativa será tratada durante las sesiones extraordinarias tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. San Juan, provincia cuya economía está fuertemente vinculada a la actividad minera, observa el debate con especial interés. La provincia cuenta con seis diputados nacionales y tres senadores, cuyas definiciones podrían incidir en el avance o la detención de la reforma.

Los votos asegurados para el oficialismo nacional incluyen a los diputados José Peluc y Abel Chiconi, ambos pertenecientes a La Libertad Avanza, junto con el senador Bruno Olivera. A esto se suman los representantes del oficialismo provincial, Carlos Jaime y Nancy Picón, quienes han manifestado públicamente su apoyo a una delimitación más rigurosa de las áreas protegidas. Desde el Ministerio de Minería provincial, funcionarios remarcaron en reiteradas oportunidades que existen zonas periglaciares sin aporte significativo al ciclo hídrico provincial, por lo que podrían habilitarse actividades económicas sin comprometer el recurso.

El punto de inflexión se presenta dentro del peronismo sanjuanino. En la actual composición, el Partido Justicialista cuenta con dos diputados nacionales: Jorge Chica y Cristian Andino. En la Cámara Alta están Sergio Uñac y Celeste Giménez. La postura de estos legisladores es clave, ya que el justicialismo a nivel nacional rechaza cualquier intento de modificación de la ley, pero la realidad productiva de San Juan podría generar posiciones diferenciadas.

Andino expresó que aún debe analizar el contenido final del proyecto para fijar una postura definitiva. Sin embargo, señaló que existen áreas periglaciares donde la actividad minera podría desarrollarse sin riesgo ambiental, siempre bajo criterios de responsabilidad y protección de los recursos naturales, lo que anticipa un voto favorable.

Chica manifestó que su apoyo dependerá de que la reforma garantice simultáneamente el cuidado ambiental y el desarrollo minero. Su postura refleja una línea similar a la adoptada en la votación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), donde votó afirmativamente junto a otros legisladores sanjuaninos del peronismo.

En el Senado, tanto Uñac como Giménez optaron por no manifestarse públicamente. El exgobernador de San Juan se mostró históricamente a favor del desarrollo minero durante su gestión, aunque sorprendió en 2024 al votar en contra del RIGI. Giménez, por su parte, mantiene un alineamiento constante con las posiciones de La Cámpora, por lo que su comportamiento legislativo podría depender del mandato político nacional más que del provincial.

La reforma propuesta incluiría redefinir los criterios para considerar un glaciar o geoforma periglaciar, excluyendo formaciones menores o de escasa relevancia hídrica. Críticos de la iniciativa advierten que la nueva categorización podría reducir considerablemente las superficies protegidas. Además, uno de los ejes más controversiales radica en otorgar mayor autonomía a las provincias para definir las zonas habilitadas para minería o exploración hidrocarburífera.

De acuerdo con fuentes del Gobierno nacional, la intención es tratar la reforma de manera paralela con la discusión del Presupuesto 2026, lo que podría acelerar los tiempos legislativos.