Ley de Glaciares: el ministro Perea aseguró que los cambios son para “proteger mejor y con evidencia científica”

El ministro de Minería de San Juan defendió en Diputados la reforma a la normativa y sostuvo que busca mayor precisión técnica sin reducir la protección ambiental.

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, expuso ante la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y defendió la necesidad de avanzar en una reforma de la Ley de Glaciares, asegurando que el objetivo es “proteger mejor” los recursos hídricos mediante criterios científicos.

Durante su intervención, el funcionario destacó la centralidad del agua para la provincia y remarcó que la gestión actual ha destinado más de 22.000 millones de pesos en obras de infraestructura en departamentos como Iglesia y Jáchal, incluyendo proyectos energéticos, viales y hídricos.

En ese sentido, subrayó que una parte significativa de esos recursos se orientó a obras vinculadas al abastecimiento y gestión del agua, como acueductos, plantas potabilizadoras y mejoras en sistemas de distribución.

Reforma aclaratoria, no regresiva

Perea insistió en que la iniciativa no implica una flexibilización de la normativa vigente. “No venimos a pedir que se proteja menos. Venimos a pedir que se proteja mejor”, afirmó, al tiempo que sostuvo que la reforma apunta a precisar el objeto de protección tras más de 15 años de vigencia de la ley.

El ministro planteó que la actual redacción genera ambigüedades que derivan en inseguridad jurídica, y que una mayor claridad normativa permitiría cumplir de manera más efectiva con el objetivo de resguardar las reservas estratégicas de agua.

Diferencias técnicas en el enfoque ambiental

Uno de los ejes centrales de su exposición fue la distinción entre ambientes glaciares y periglaciares. Según explicó, los glaciares —incluyendo los descubiertos, cubiertos y neveros— constituyen reservas hídricas directas cuya protección “no está en discusión”.

En cambio, respecto a las geoformas periglaciales, sostuvo que deben ser evaluadas caso por caso, ya que —según datos científicos citados— su aporte al caudal hídrico es marginal.

En ese marco, mencionó estudios que indican que incluso en un escenario extremo, estas formaciones aportarían un porcentaje mínimo del caudal del río San Juan, lo que refuerza la necesidad de análisis técnicos específicos.

Federalismo y control ambiental

El funcionario también defendió el rol de las provincias en la gestión de los recursos naturales, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional. Señaló que el proyecto mantiene el principio precautorio, ya que toda formación será considerada protegida hasta que estudios científicos determinen su función hídrica.

Asimismo, destacó la capacidad técnica de la provincia en materia de evaluación ambiental, mencionando la existencia de múltiples instancias de control y la participación de equipos interdisciplinarios en cada proyecto.

En el cierre, Perea sostuvo que el objetivo es contar con “una ley que funcione”, basada en evidencia científica, con reglas claras y respetando el federalismo, para garantizar una protección efectiva de los recursos hídricos sin frenar el desarrollo productivo.