Los fiscales exigen condiciones para otorgar la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner

Entre los requisitos figuran controles sobre las visitas, prohibiciones dentro del domicilio y restricciones en la custodia.

11 de junio de 2025

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitarán al Tribunal Oral Federal N°2 que se impongan una serie de condiciones para concederle la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad.

Según indicaron fuentes judiciales, los representantes del Ministerio Público exigirán que se establezcan horarios determinados para las visitas, que se informe previamente la cantidad y la identidad de las personas que concurran al domicilio, y que los visitantes sean sometidos a requisas. También se pedirá la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en el interior de la vivienda y la obligación de notificar cualquier cambio en el personal de custodia.

La presentación será realizada ante el juez Jorge Gorini, quien deberá resolver si acepta el planteo. El pedido de condiciones surge luego de que el tribunal rechazara la detención inmediata de la exmandataria y le otorgara un plazo de cinco días para presentarse ante la Justicia. Actualmente, Cristina Kirchner se encuentra en su departamento del barrio porteño de Constitución, a la espera de una resolución favorable que le permita cumplir la pena bajo arresto domiciliario.

En forma paralela, el TOF N°4 ordenó el traslado del empresario Lázaro Báez a una cárcel común, en el marco de la causa conocida como “La ruta del dinero K”.

Hasta el momento, Báez cumplía su condena bajo arresto domiciliario en su residencia de El Calafate.

Los fundamentos de la defensa de Cristina Kirchner

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentó un escrito ante el Tribunal con los argumentos para justificar el pedido de prisión domiciliaria. Entre las razones principales figura la edad de la expresidenta, que supera los 70 años, así como también cuestiones vinculadas a su seguridad personal, basadas en su rol institucional y el acceso a información sensible durante sus mandatos.

Además, la defensa recordó el intento de homicidio que sufrió la exjefa de Estado en septiembre de 2022 y consideró que su alojamiento en una unidad penitenciaria resultaría incompatible con los niveles de protección que deberían garantizarse en su situación actual. Por último, los abogados señalaron la inexistencia de riesgos procesales, al remarcar que durante todo el proceso judicial, la exmandataria se presentó ante la Justicia cada vez que fue requerida.