Megafraude inmobiliario: imputado quedó libre tras acordar con más de 30 víctimas

Ricardo Sánchez Montilla recuperó la libertad tras comprometerse a reparar el daño. El caso suma más de $2.700 millones en estafas y sigue bajo investigación.

28 de mayo de 2025

En el marco del megafraude inmobiliario que dejó cerca de 300 damnificados en San Juan, uno de los imputados, Ricardo Sánchez Montilla, fue excarcelado este miércoles por decisión del juez de Garantías, Gerardo Fernández Caussi. La medida fue tomada tras la firma de un acuerdo de reparación integral con más de 30 de las víctimas involucradas.

Sánchez Montilla, detenido desde el 15 de abril, se comprometió a escriturar los terrenos que había vendido irregularmente y a resarcir económicamente a los compradores. En aquellos casos donde un mismo lote fue vendido a más de una persona, deberá entregar nuevas parcelas para subsanar el perjuicio.

El escándalo, que continúa siendo investigado por el fiscal Eduardo Gallastegui, titular de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, ya suma maniobras fraudulentas por un monto superior a los 2.700 millones de pesos. La causa tiene como principales acusados al empresario Héctor Andrés Storniolo y su esposa, Patricia Nacif.

Según la Fiscalía, la organización delictiva comenzó a operar al menos desde 2016 en los departamentos de Pocito, Rawson y Rivadavia. La modalidad consistía en vender terrenos sin contar con la titularidad legal ni las aprobaciones correspondientes, utilizando para ello cheques sin fondos, promesas falsas de infraestructura y hasta conexiones clandestinas para simular avances en las obras.

A pesar de su excarcelación, Sánchez Montilla continuará vinculado a la causa y deberá cumplir estrictas condiciones judiciales. Con este acuerdo, ya son dos los imputados que logran recuperar su libertad tras pactar reparaciones: el primero fue el ingeniero Juan Mauricio Gallerano, quien semanas atrás asumió la responsabilidad de regularizar la situación de unos 300 compradores afectados por loteos de la firma Tramonto.

Estos acuerdos buscan acelerar el resarcimiento a las víctimas y, al mismo tiempo, ofrecer un mecanismo procesal para quienes demuestren voluntad de enmendar el daño causado. Mientras tanto, la investigación continúa avanzando para esclarecer completamente la dimensión del fraude.