Narcotest a funcionarios: qué es, cómo funciona y cuánto tiempo permanecen las drogas en el cuerpo

El debate sobre los controles toxicológicos a funcionarios públicos y agentes con responsabilidad en la vía pública volvió a ponerse sobre la mesa tras la reciente difusión de experiencias en otras provincias, como Salta, donde el narcotest —un análisis que detecta presencia de drogas en el organismo— ha comenzado a aplicarse en el marco de políticas de transparencia y control interno.

Qué es el narcotest y por qué genera debate

Un narcotest es un examen toxicológico que permite detectar rastros de drogas ilegales o psicoactivas en el organismo de una persona, típicamente a través de muestras de orina, sangre o saliva. Su uso en contextos laborales o en funcionarios públicos busca garantizar que quienes desempeñan funciones de responsabilidad —especialmente aquellas con impacto sobre la seguridad o toma de decisiones— no se encuentren bajo la influencia de sustancias que alteren su capacidad de juicio o funcionamiento cerebral.

La implementación de narcotest en Argentina ha tenido distintos enfoques según la jurisdicción:

• En algunas provincias, como San Luis, una ley ya obliga a funcionarios públicos de los tres poderes del Estado a someterse a estos análisis de manera periódica o por sorteo.

• En otras, como Santa Fe, se impulsaron controles antidoping para fuerzas de seguridad con pruebas rápidas que miden cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides y otras sustancias.

• En San Juan, por ahora, los narcotest al personal de seguridad se aplican solo ante hechos puntuales, como accidentes o incidentes concretos, y no hay un régimen generalizado para funcionarios públicos.

Esto último abre el debate sobre si la provincia debería avanzar hacia un marco legal más amplio que regule los controles toxicológicos en la función pública y otros sectores con responsabilidad en terceros.

Efectos de las drogas y detección en el organismo

Según especialistas consultados en el marco del debate, las sustancias psicoactivas tienen distintos efectos y periodos de detección en el cuerpo, que dependen de factores como el tipo de droga, la frecuencia de consumo y el metabolismo de cada persona.

Algunos puntos clave sobre la duración de drogas en el organismo que suelen reportarse en estudios toxicológicos (aunque varían según la prueba usada) incluyen:

• Marihuana (THC): puede dejar rastros en orina durante varios días en consumidores ocasionales, y hasta semanas o incluso meses en usuarios habituales.

• Cocaína: su presencia en sangre suele ser relativamente corta (algunas decenas de horas), pero en orina puede detectarse hasta varios días después del consumo.

• Anfetaminas y similares: también se detectan en orina por varios días después del uso, dependiendo de la sustancia y la frecuencia de consumo.

Estos tiempos de detección hacen que, aun cuando los efectos psicoactivos hayan desaparecido, la presencia de metabolitos de drogas en el organismo siga siendo detectable durante un periodo extendido, lo que explica por qué los narcotest son considerados herramientas sensibles para este tipo de análisis.

Implicancias y preguntas que abre la medida

La experiencia de Salta y otros lugares plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad ética, legal y social de aplicar controles toxicológicos a quienes ejercen funciones públicas o roles de alta responsabilidad:

• ¿Deben someterse a narcotest todos los funcionarios públicos o solo aquellos con responsabilidades específicas?

• ¿Qué criterios de periodicidad, aviso o sorpresa deberían prevalecer?

• ¿Cómo se protegen derechos de privacidad y presunción de inocencia cuando se implementan estos controles?

Defensores de los narcotest argumentan que son un disuasivo frente al consumo de drogas que pueda comprometer el ejercicio de funciones públicas o la seguridad de terceros. En cambio, críticos señalan que sin regulación clara y protocolos estrictos, estos controles pueden derivar en tensiones sobre libertades individuales y privacidad.

En San Juan, el debate aún no se traduce en un marco legal específico, aunque la discusión pública y la experiencia de otras provincias sitúan a este tema entre los puntos que podrían considerarse en futuras políticas de transparencia y control.