Nicolás Maduro busca anular su juicio en Nueva York luego de estar 82 días preso

La defensa del exmandatario venezolano sostiene que el proceso penal en su contra viola garantías constitucionales clave de Estados Unidos.

Nicolás Maduro comparece ante la Justicia de Nueva York para solicitar la anulación del juicio en su contra por cargos de narcoterrorismo. Su presentación fue realizada ante el juez Alvin Hellerstein, en la Corte del distrito de Manhattan, luego de haber permanecido 82 días detenido.

La estrategia judicial fue diseñada por su abogado, Barry J. Pollack, quien argumenta que el proceso vulnera derechos contemplados en la Quinta y Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense. En particular, sostiene que la imposibilidad de acceder a fondos —debido a restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)— limita el derecho del acusado a elegir y financiar su propia defensa.

En el escrito presentado, la defensa plantea que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, no disponen de recursos para afrontar los costos legales, lo que, según su interpretación, compromete el debido proceso. Además, cuestiona que el Gobierno de Estados Unidos invoque razones de seguridad nacional para restringir el acceso a evidencia o financiamiento, lo que —según el planteo— afectaría la equidad del juicio.

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, estos argumentos presentan debilidades. El sistema judicial estadounidense contempla la designación de un abogado de oficio en casos donde el acusado no puede costear su defensa, garantizando así el cumplimiento de la Sexta Enmienda. Asimismo, la normativa vigente habilita al Gobierno a limitar transacciones financieras vinculadas a intereses extranjeros por motivos de seguridad nacional, en el marco de la legislación federal.

En este contexto, la resolución del tribunal será determinante para definir si el proceso continúa o si se hace lugar al planteo de nulidad. Mientras tanto, el caso se mantiene como uno de los más sensibles en el plano judicial y geopolítico, por las implicancias internacionales que conlleva.