Orrego envió a Diputados la Ley de Desarrollo Local Minero: busca 80% de empleo sanjuanino y 60% de compras locales

El gobernador Marcelo Orrego envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa que busca garantizar una mayor participación de trabajadores, proveedores y comunidades sanjuaninas en las inversiones mineras que se desarrollarán en la provincia durante los próximos años.

La propuesta llega en un contexto de fuerte expansión de la actividad minera, con proyectos que concentran inversiones multimillonarias y posicionan a San Juan como uno de los principales polos de cobre del país.

La norma establece que las empresas mineras y sus principales contratistas deberán presentar Planes de Desarrollo de Empleo y de Proveedores con objetivos progresivos, medibles y sujetos a controles periódicos. Según el Gobierno, el objetivo es generar condiciones para que el crecimiento del sector tenga un impacto directo en la economía provincial.

“El impacto positivo de la minería no depende solamente de la extracción de recursos, sino de la capacidad de transformar esa riqueza en empleo y desarrollo empresarial sostenible”, sostuvo el ministro de Minería, Juan Pablo Perea.

Los tres ejes de la ley

La iniciativa se apoya en tres pilares fundamentales.

El primero apunta a fortalecer el empleo local, estableciendo como meta que el 80% de los trabajadores vinculados a cada operación minera sean residentes de San Juan, con prioridad para quienes habitan en los departamentos de influencia directa.

El segundo busca impulsar la participación de proveedores sanjuaninos mediante el objetivo de alcanzar un 60% del monto anual de contrataciones de bienes, obras y servicios disponibles en condiciones competitivas.

El tercer eje promueve la articulación entre las acciones de responsabilidad social empresaria y los planes estratégicos municipales, para que las inversiones en educación, salud, infraestructura y desarrollo productivo estén alineadas con las necesidades de cada comunidad.

Publicación de demandas y previsibilidad

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la obligación de las compañías mineras de anticipar sus necesidades de bienes y servicios.

La intención es que empresas locales puedan conocer con tiempo los requerimientos futuros de los proyectos y prepararse para competir en igualdad de condiciones.

Para ello, las compañías deberán realizar análisis de brechas de mercado que permitan identificar qué demanda la actividad minera y cuáles son las capacidades existentes en la provincia.

Crearán un registro provincial de proveedores mineros

La ley contempla la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN), una base pública y digital donde deberán inscribirse las empresas que quieran ser consideradas dentro de las metas de contratación local.

Para formar parte del registro deberán acreditar presencia operativa en la provincia, cumplimiento tributario local y una composición laboral con al menos un 80% de trabajadores sanjuaninos.

Beneficios para quienes cumplan

El proyecto incorpora un esquema de incentivos

para las empresas que alcancen simultáneamente las metas de empleo y compras locales.

En esos casos podrán acceder a un Certificado de Crédito Fiscal transferible, que podrá ser utilizado para cancelar impuestos provinciales o cedido a proveedores vinculados a la actividad minera.

Transparencia y control

La iniciativa establece mecanismos de transparencia en los procesos de contratación, obligando a las empresas a publicar convocatorias y comunicar adjudicaciones.

Además, el Ministerio de Minería actuará como autoridad de aplicación, acompañado por un Consejo Consultivo público-privado y una Unidad Técnica Interministerial encargada de verificar el cumplimiento de los planes presentados.

Las sanciones por incumplimientos podrán ir desde apercibimientos hasta multas de hasta 60.000 Unidades Tributarias, aunque la norma contempla excepciones cuando se demuestre la inexistencia de oferta local competitiva o se acrediten acciones concretas de capacitación y desarrollo.

Un proyecto con respaldo político

La propuesta también deroga la Ley 1208-M, una normativa que nunca llegó a implementarse, y establece plazos de entre 60 y 90 días para que las empresas presenten sus primeros planes una vez que la ley entre en vigencia.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el proyecto ya fue dialogado con distintos sectores políticos y que existe consenso para avanzar con su tratamiento legislativo.

De aprobarse, San Juan contará por primera vez con un marco normativo específico para medir, promover y transparentar el impacto económico local de la actividad minera, en momentos en que la provincia se prepara para recibir algunas de las mayores inversiones de su historia.