Pese a haber apelado la inhabilitación, Julián Gil denunció que fue bloqueado en el sistema judicial

El exintendente de Caucete sostiene que la suspensión de su matrícula aún no está firme y que la imposibilidad de ingresar a un sistema virtual afecta su derecho a defensa.

El exintendente de Caucete y abogado, Julián Gil, quedó nuevamente en el centro de la polémica tras denunciar que fue imposibilitado de acceder a un sistema virtual de la Justicia civil, pese a que su inhabilitación profesional continúa bajo revisión judicial. Su entorno afirmó que la restricción vulnera su derecho constitucional a ejercer la defensa mientras el proceso sigue abierto.

Gil apeló la resolución del Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados, que lo había sancionado luego de su condena por encubrimiento. La apelación fue presentada ante la Justicia civil, por lo que la medida disciplinaria no debería considerarse firme hasta que exista una decisión definitiva. Sin embargo, según indicaron fuentes allegadas al abogado, el organismo mantuvo vigente la inhabilitación y ello derivó en su “bloqueo” dentro de los sistemas judiciales.

Las fuentes señalaron que el martes, al intentar ingresar al sistema virtual correspondiente al fuero civil, Gil constató que su acceso había sido deshabilitado. Afirmaron que esta situación le impide intervenir en causas en curso, aun cuando la revisión de su sanción continúa tramitándose en el Séptimo Juzgado Civil.

La controversia se originó tras la condena que el exjefe comunal recibió en agosto de 2024, cuando admitió dos hechos de encubrimiento agravado y aceptó una pena de un año de prisión en suspenso bajo un acuerdo de juicio abreviado. Conocida la sentencia, el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados analizó su situación y ordenó la inhabilitación de su matrícula. Posteriormente, el Directorio del organismo ratificó la sanción.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Ejercicio de la Abogacía, Gil contaba con un plazo de diez días hábiles para apelar esa decisión, trámite que fue realizado por su defensor Mario Morán. Desde su entorno remarcaron que, mientras la apelación esté en curso, la medida disciplinaria no puede considerarse ejecutada plenamente.

Sostienen que el bloqueo del sistema judicial representa una irregularidad que afecta su derecho a litigar. “Independientemente del delito que se le atribuyó, como cualquier persona tiene derecho a defenderse. Se está vulnerando ese principio”, expresaron fuentes cercanas al abogado.

Ahora será el Séptimo Juzgado Civil el encargado de resolver si corresponde mantener la inhabilitación impuesta por el Foro de Abogados o dejarla sin efecto hasta que concluya el proceso.