Por premios y sanciones, la ley de proveedores mineros sigue sin llegar al recinto

La Ley de Desarrollo Local de proveedores mineros es considerada estratégica para el avance de los proyectos de cobre. Aunque su redacción está casi concluida, un artículo técnico mantiene demorada su aprobación.

El Gobierno de San Juan continúa trabajando en este inicio de 2026 en la redacción final de la Ley de Desarrollo Local, conocida como ley de proveedores mineros, una norma clave para acompañar el desarrollo de los grandes proyectos de cobre en la provincia. Si bien se esperaba que el proyecto ingresara a la Legislatura durante el último período parlamentario, su tratamiento volvió a postergarse por diferencias en un punto central del articulado.

De acuerdo a un relevamiento realizado entre fuentes oficiales, empresas mineras y proveedores locales, el principal escollo está concentrado en un solo artículo: el que define el sistema de premios y sanciones. En particular, el debate gira en torno a cómo se medirá el cumplimiento de las metas que asuman las operadoras mineras en materia de empleo local y contratación de proveedores sanjuaninos.

El proyecto, que cuenta con 23 artículos, busca diferenciarse de otras experiencias provinciales que aplicaron cupos rígidos sin resultados positivos. En lugar de porcentajes obligatorios, el modelo sanjuanino propone un esquema basado en objetivos y consensos. En ese marco, se fijan metas de máxima de hasta un 80% de empleo local y un 60% de contratación de proveedores provinciales, siempre calculadas sobre la oferta real disponible en San Juan.

Para avanzar hacia esos objetivos, las empresas deberán presentar un Plan de Desarrollo de Empleo y un Plan de Desarrollo de Proveedores, donde detallen cómo y en qué plazos prevén cumplir las metas de manera progresiva. El conflicto aparece al momento de evaluar esos compromisos y definir qué sucede si no se alcanzan los porcentajes planteados por cada operadora.

Según trascendió, el Gobierno analiza un sistema de incentivos que podría incluir beneficios fiscales para las empresas que cumplan simultáneamente con sus metas. En cuanto a las sanciones, el texto evita el concepto de castigo y pone el foco en la responsabilidad de respetar los compromisos asumidos. Sin embargo, aún resta definir si existirá un piso mínimo obligatorio o si el único parámetro será el grado de cumplimiento del plan presentado por cada compañía, con instancias de justificación ante eventuales demoras.

El resto de la ley cuenta con amplio consenso. Entre sus puntos destacados figura la creación de un Registro de Proveedores Mineros, de inscripción obligatoria para participar en licitaciones, que otorgará prioridad a las empresas locales. Además, se prevé el acceso a líneas de crédito y subsidios para mineras y proveedores que cumplan con los objetivos. En ese equilibrio entre promover el desarrollo local y no desalentar inversiones, el artículo de premios y sanciones se convirtió en la pieza clave que definirá cuándo la ley podrá finalmente llegar al recinto.