Proponen una ley de proveedores que equilibre incentivos y exigencias para fortalecer la cadena minera en San Juan

La abogada especialista en derecho minero, Jimena Daneri, analizó el rol jurídico dentro de la actividad, la importancia del cumplimiento normativo y los desafíos que trae la futura ley provincial de proveedores.

La abogada Jimena Daneri, reconocida referente del ámbito jurídico minero en la provincia de San Juan, participó de una entrevista en la que destacó la evolución de la profesión en el sector, el impacto de las normativas ambientales y económicas vigentes, y la necesidad de que la futura ley de proveedores encuentre un equilibrio entre el desarrollo local y la viabilidad operativa de las empresas.

Daneri explicó que su incorporación al mundo minero comenzó a fines de la década de 1990, motivada por docentes y referentes históricos del sector. Desde entonces, observó un crecimiento notable tanto en la industria como en la cantidad de profesionales especializados. Sin embargo, advirtió que el estudio del derecho minero se ha reducido en las universidades del país, donde en muchos casos se dicta como materia optativa pese a la relevancia económica y estratégica de la actividad.

Durante la entrevista, señaló que el derecho minero abarca un espectro normativo mucho más amplio que el simple análisis del Código de Minería. Incluye regulaciones ambientales, laborales, contractuales, sociales y estándares internacionales que complementan la normativa nacional y provincial. Entre los ejemplos mencionados destacó la Ley Ambiental Minera 24.585 y la adhesión a protocolos internacionales como el Código Internacional de Manejo del Cianuro, que se incorpora voluntariamente cuando existen vacíos normativos internos.

La especialista remarcó que el abogado minero actúa como un facilitador del negocio, aportando claridad normativa, promoviendo el cumplimiento de autorizaciones y evitando errores que puedan comprometer la operación. En este sentido, advirtió que el desafío actual es acompañar la toma de decisiones sin transformarse en un obstáculo burocrático.

Respecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), consideró que representa una herramienta clave para atraer inversiones y destrabar proyectos que llevan años en proceso de evaluación. Destacó la importancia de su continuidad más allá del plazo vigente y de garantizar su cumplimiento para brindar previsibilidad a los inversionistas.

Al referirse al debate sobre la futura ley provincial de proveedores de San Juan, Daneri expresó que, si bien considera ideal que este tipo de normas no fueran necesarias, reconoce que la realidad exige mecanismos que promuevan el desarrollo local. Propuso que la norma priorice incentivos, alianzas y fortalecimiento empresarial sin caer en porcentajes inalcanzables que la conviertan en letra muerta, tal como ocurrió con el RUPEM, aún vigente pero prácticamente inaplicable.

Finalmente, analizó el impacto que podría tener la modificación de la Ley de Glaciares propuesta por el Gobierno Nacional. Señaló que la normativa actual genera incertidumbre respecto de las actividades permitidas en ambientes periglaciares y que una actualización permitiría clarificar límites técnicos sin reducir la protección ambiental. También subrayó que esta ley afecta no solo a la minería, sino a cualquier desarrollo de infraestructura en zonas de altura, desde rutas hasta proyectos energéticos.

La especialista sostuvo que una regulación más precisa, respetuosa del acuerdo de Escazú y del principio de no regresión ambiental, permitiría que los grandes proyectos mineros completen sus paquetes de permisos y avancen hacia su etapa operativa, generando impactos económicos significativos para la provincia de San Juan y el país.