San Juan impulsa la formalización de pequeños emprendimientos mineros para potenciar su desarrollo

La Provincia modificó el decreto reglamentario de la actividad con el objetivo de integrar a proyectos de menor escala al circuito legal y permitirles acceder a beneficios estatales y privados.

11 de agosto de 2025

El Gobierno de San Juan avanza en un plan para regularizar pequeños emprendimientos mineros, en su mayoría dedicados a la explotación de minerales no metalíferos, con el propósito de que se incorporen plenamente a la actividad formal y puedan aprovechar el dinamismo que atraviesa el sector.

La iniciativa se enmarca en la modificación del decreto reglamentario N° 007, que establece que todos los proyectos mineros provinciales —sin distinción de escala— deben ser evaluados ambientalmente por el Ministerio de Minería. Para ello, las empresas o productores deberán presentar un Informe de Impacto Ambiental (IIA), el cual será sometido a consulta pública y a la revisión de una comisión técnica antes de la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Según datos de la Dirección de Evaluación Ambiental Minera, actualmente existen 105 pequeños emprendimientos registrados, dedicados principalmente a la producción de cal, bentonita, yeso y caliza, entre otros minerales. En la mayoría de los casos se trata de empresas familiares que hasta ahora operaban de manera informal.

El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, explicó que el objetivo es “brindar acompañamiento y docencia, para que los productores comprendan que registrarse implica beneficios y no solo sanciones”. Entre esos beneficios se cuentan la posibilidad de recibir asistencia técnica, apoyo estatal y privado, y mayores garantías de seguridad para los trabajadores.

El procedimiento para la aprobación ambiental incluye la verificación técnica del IIA, su publicación en medios oficiales, un período de cinco días hábiles para recibir observaciones de la ciudadanía y, posteriormente, la evaluación de una comisión especializada. La normativa también dispone que el informe debe actualizarse cada dos años o cuando se introduzcan cambios sustanciales en el proyecto.

Con esta medida, el Ejecutivo provincial busca no solo fortalecer el control ambiental de la actividad minera, sino también abrir el acceso de pequeños productores a las oportunidades de inversión y crecimiento derivadas del actual auge del sector.

Fuente. Tiempo De San Juan