Acueductogate: tras la inspección ocular, la fiscalía analiza pedir documentación a empresas proveedoras

La investigación judicial por presuntas irregularidades en la licitación y ejecución del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo luego de que los fiscales realizaran una inspección ocular en el ramal principal de la obra, ubicado en Marquesado.

La denuncia fue presentada por el abogado Marcelo Arancibia y apunta a posibles maniobras ilícitas en el proceso de contratación de las tuberías del acueducto, un proyecto estratégico para el abastecimiento de agua en la provincia de San Juan.

Inspección con drones y especialistas

Los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez encabezaron el operativo realizado el 10 de marzo, que incluyó el uso de drones y la participación de especialistas técnicos para examinar distintos tramos del sistema.

La inspección se concentró en el sector que conecta el Dique Punta Negra con la planta potabilizadora de Marquesado, donde existen tramos de cañerías visibles y otros enterrados.

El objetivo principal fue verificar si las tuberías fueron instaladas en los lugares establecidos por los planos del proyecto. Según explicaron desde la fiscalía, este procedimiento no permite determinar la calidad de los caños ni su funcionamiento, sino únicamente su ubicación.

Documentación aportada hasta ahora

Hasta el momento, la única prueba documental analizada por la fiscalía fue entregada por Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).

Los investigadores ya revisan más de 90 cajas de documentación, con asistencia de ingenieros y técnicos que colaboran en el análisis de la información.

Sin embargo, ninguna de las empresas involucradas en la obra se presentó de manera espontánea para aportar documentación, lo que abre la posibilidad de que el Ministerio Público avance con pedidos formales de información e incluso allanamientos.

Posible prórroga de la investigación

Debido a la complejidad técnica del caso, el fiscal general Guillermo Baigorrí adelantó que es muy probable que se solicite una prórroga de 90 días hábiles adicionales a los 90 días iniciales para continuar con la investigación.

La medida permitiría profundizar el análisis de la documentación y ampliar las pruebas vinculadas al proceso de licitación y ejecución del proyecto.

Las sospechas sobre la licitación

La denuncia se centra en posibles delitos contra la administración pública, entre ellos:

• malversación de caudales públicos

• negociaciones incompatibles con la función pública

• cohecho

• tráfico de influencias

• defraudación al Estado

Las sospechas se concentran en la licitación para la provisión de tuberías que ganó la empresa Krah América Latina S.A., vinculada al empresario Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac.

La compañía obtuvo dos contratos para proveer cañerías del acueducto: uno en marzo de 2015, durante la gestión de José Luis Gioja, y otro en junio de 2016, ya bajo el gobierno de Uñac.

Una obra estratégica paralizada

El Acueducto Gran Tulum fue concebido como una infraestructura clave para abastecer de agua al área metropolitana de San Juan, proyectada para una población cercana al millón de habitantes.

Sin embargo, la obra se encuentra actualmente paralizada por objeciones técnicas que aún no fueron resueltas.

A pesar de ello, la provincia comenzó a pagar el crédito internacional que financió el proyecto, según confirmó el ministro de Hacienda Roberto Gutiérrez.