Alberto Grau: “La ley de proveedores mineros nace muerta y consolida a Iglesia como territorio de saqueo sin desarrollo”

El presidente de AITURIC lanzó una crítica frontal al proyecto presentado en San Juan, advirtió su contradicción con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y denunció que la norma, tal como está redactada, institucionaliza la exclusión de Iglesia del verdadero impacto económico de la minería.

En el marco de la presentación del proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, el presidente de AITURIC, Alberto Grau, no dejó margen para interpretaciones, calificó a la iniciativa como “una ley que nace muerta”, no solo por su debilidad jurídica, sino por su desconexión total con la realidad productiva y social del departamento Iglesia. Para el dirigente, el texto no solo es inaplicable en los hechos, sino que además reproduce y legitima el modelo que durante décadas dejó a la región fuera del desarrollo, a pesar de ser el territorio donde se extraen los recursos.

Grau sostuvo que el primer error estructural de la ley es ignorar el marco nacional vigente, particularmente el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece reglas claras para la inversión minera. En ese contexto, advirtió que cualquier intento provincial de imponer cupos obligatorios, porcentajes de contratación o restricciones a la competencia entra en contradicción directa con una norma superior. “No podés legislar como si el RIGI no existiera. Si la Nación te fija un marco y vos desde la provincia pretendés forzar condiciones distintas, lo único que generás es conflicto, conflicto legal, conflicto operativo y conflicto político. Es una ley que nace en disputa y eso la vuelve inviable”, afirmó con dureza.

Pero su crítica no se limitó a lo jurídico. Grau apuntó de lleno contra la lógica de fondo del proyecto, al que calificó como “económicamente absurdo”. “Acá hay una idea equivocada de desarrollo, creen que se puede repartir el trabajo en lugar de generarlo. Pretenden limitar la competencia para proteger a algunos actores, pero lo único que logran es consolidar la ineficiencia. La falta de competencia genera incompetencia, y eso es exactamente lo que esta ley propone institucionalizar. Es un retroceso de décadas”, disparó.

Uno de los cuestionamientos más contundentes se centró en la definición de “local”, que el proyecto establece como la comunidad de influencia “y/o el resto de la provincia de San Juan”. Para Grau, esa redacción no es un error menor, sino el núcleo del problema. “Está mal definido, profundamente mal definido. Porque si todo San Juan es local, entonces Iglesia deja automáticamente de ser prioridad.

Eso ya lo vivimos: durante años las empresas cumplieron con el discurso de contratar ‘local’, pero ese local era San Juan capital. El resultado es evidente, la riqueza se concentró allá y acá quedó el impacto social sin desarrollo”, remarcó.

El dirigente fue más allá y cuestionó la intencionalidad política detrás de esa ambigüedad. “No es ingenuo. No quieren dejar afuera a la ciudad de San Juan, donde está la estructura económica y los votos. Pero al hacer eso, condenan a Iglesia a seguir siendo periférica, secundaria, irrelevante dentro del esquema productivo. Es una ley pensada desde el centro para beneficiar al centro”, sostuvo.

En ese sentido, también criticó con dureza el uso de conceptos como “comunidad de influencia”, al considerarlos jurídicamente débiles y funcionales a interpretaciones arbitrarias. “La comunidad puede ser cualquier cosa: toda la provincia, una ciudad o un pueblo de 300 personas. Así no se define política pública, así se deja todo librado a la discrecionalidad. Es una ley que, en lugar de ordenar, genera confusión y abre la puerta a que cada actor la interprete como le conviene”, advirtió.

Grau puso especial énfasis en uno de los artículos que regula el registro de proveedores, el cual exige domicilio y operación en la comunidad de influencia o en el resto de la provincia. Para el dirigente, esa cláusula “termina de sellar la exclusión de Iglesia”. “Las grandes empresas ya tienen toda su infraestructura en otros departamentos. Con esta ley no tienen ningún incentivo para venir acá. Al contrario, se les habilita seguir operando desde afuera y cumplir igual. Es decir, se legaliza el esquema que nos dejó sin desarrollo durante 20 años”, afirmó.

El contraste, según explicó, es brutal. “El desarrollo que generó la minería en San Juan capital es impresionante: hoteles, empresas, infraestructura, crecimiento urbano. En Iglesia no hay absolutamente nada de eso. No hay una sola base industrial importante instalada. No hay talleres, no hay logística, no hay radicación empresaria. Somos un territorio de paso, donde se extrae el recurso pero no queda la riqueza”, denunció.

Frente a este escenario, Grau planteó que la verdadera herramienta para garantizar desarrollo no es esta ley, sino la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de cada proyecto. “Ahí es donde se definen las condiciones reales. Si querés desarrollo, tenés que exigir en la DIA que las empresas se instalen en el territorio, que generen infraestructura, que contraten local de verdad. No necesitás una ley llena de ambigüedades si en la DIA dejás en claro las reglas del juego”, explicó.

En esa línea, también cuestionó el uso “vacío” del concepto de desarrollo sustentable dentro del proyecto. “No se puede hablar de sustentabilidad porque das cursos de cerámica o capacitaciones menores que no tienen impacto económico. Eso no es desarrollo. Si hay pobreza, no hay desarrollo sustentable. Es así de simple”, afirmó, en línea con los criterios de la Organización de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El dirigente incluso aseguró que la situación social de Iglesia es crítica. “Estamos hablando de niveles de pobreza cercanos al 70%. Eso no lo mide el Estado, pero se ve en la calle. Basta recorrer Tudcum para entenderlo. Es inaceptable que un departamento que genera tanta riqueza esté en estas condiciones”, señaló.

Finalmente, Grau planteó una solución concreta y directa: definir el área local en términos geopolíticos claros, el departamento donde se realiza la explotación, y exigir como condición la radicación efectiva de las empresas. “Si Vicuña o Barrick instalaran sus talleres y bases operativas en Iglesia, estaríamos hablando de 300 o 400 empleos directos. Eso representa cerca del 25% de la fuerza laboral del departamento y una inyección mensual enorme en la economía local. Eso sí cambia la realidad”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó el caso de Añelo, donde el desarrollo energético generó un boom económico a partir del arraigo empresarial. “Ahí las empresas se instalaron. Acá pasan. Y mientras eso no cambie, ninguna ley va a revertir la situación”, concluyó.

Y cerró con una definición contundente, “Si la minería no se instala en Iglesia, no hay desarrollo. Hay tránsito. Y el tránsito no construye futuro”.