CAEM busca ordenar el debate sobre la Ley de Glaciares con criterios técnicos y diálogo

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) difundió una serie de precisiones sobre la Ley de Glaciares en medio del intenso debate público y legislativo, insistiendo en que una definición técnica más clara puede fortalecer la protección ambiental sin poner en riesgo inversiones productivas.

En el contexto de la discusión parlamentaria y social en torno a la modificación de la Ley Nacional de Glaciares (Ley 26.639), la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) hizo hoy un llamado a ordenar el debate con criterios técnicos, científicos y diálogo informado, según un comunicado difundido por la entidad. La CAEM sostuvo que las aclaraciones que propone buscan mayor claridad para implementar la ley de forma efectiva, sin debilitar las protecciones ambientales existentes.

Desde la CAEM argumentaron que no todas las áreas catalogadas como “ambiente periglacial” cumplen la misma función hídrica, y que una delimitación científica rigurosa es necesaria para aplicar la normativa de manera adecuada y eficaz. La entidad enfatizó que precisar técnicamente la ley no significa relajar la protección ambiental, sino que puede fortalecer el cumplimiento de las normas y dar mayor seguridad jurídica al sector productivo.

Según la cámara, la discusión actual se ve muchas veces confundida por afirmaciones simplificadas o equívocas, lo que dificulta una conversación más profunda sobre cómo aplicar la protección de los glaciares y ambientes periglaciales sin inhibir proyectos productivos que requieren reglas claras.

La iniciativa de ajustar algunos aspectos técnicos de la Ley de Glaciares se produce en medio de un intenso debate en el Congreso sobre el alcance de la normativa vigente y su aplicación práctica, que ha generado tanto apoyos como rechazos entre distintos sectores. El proyecto en análisis propone, entre otras cosas, precisar la definición del ambiente periglacial y fortalecer la interpretación científica de la ley, sin modificar los presupuestos mínimos de protección ambiental que la norma garantiza.

El Gobierno nacional envió un texto al Congreso para tratar estos cambios durante las sesiones extraordinarias, con la finalidad de aclarar el marco normativo vigente y poner fin a interpretaciones arbitrarias que generan incertidumbre legal, según fuentes oficiales.

Mientras la CAEM aboga por una discusión técnica y un diálogo informado, organizaciones ambientalistas y algunos legisladores expresan fuerte rechazo a cualquier intento de modificar la ley. Críticas recientes advierten que incluso ajustes técnicos podrían implicar una reducción de la protección del agua y los ecosistemas que dependen de los glaciares, señalando que estos cambios tendrían consecuencias ambientales y sociales significativas si se debilitan los actuales estándares de conservación.

El legislativo se prepara para abordar la iniciativa, que ha generado posturas contrapuestas en todo el arco político y social, desde quienes piden rigor científico y seguridad jurídica hasta defensores del ambiente que consideran cualquier modificación como un riesgo para los recursos hídricos estratégicos del país.

Fuente: Fuerza Minera