Causa Vialidad: reclaman el inmediato remate de bienes vinculados a los hijos de Cristina Kirchner

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, dictaminó que debe rechazarse el pedido presentado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para evitar el decomiso de bienes vinculados a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y solicitó avanzar de inmediato con la ejecución y eventual remate de esas propiedades. La medida se enmarca en la etapa de ejecución de la condena dictada en la denominada Causa Vialidad.

La discusión judicial gira en torno a un total de 19 bienes inmuebles que fueron cedidos a los hijos de la exmandataria. Según el dictamen del fiscal Villar, el pedido de la defensa de la exjefa de Estado no debería prosperar, dado que el decomiso de bienes ya fue establecido como parte de la condena penal que quedó firme el año pasado.

La etapa de ejecución de la condena

La causa Vialidad investigó presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas en la provincia de Santa Cruz. En ese expediente, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Actualmente, la expresidenta cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su residencia ubicada en el barrio porteño de Constitución. En esta etapa del proceso judicial, el punto central que resta ejecutar es el decomiso de bienes, establecido como reparación económica al Estado.

El fiscal Villar sostuvo en su dictamen que la condena ya es definitiva y que el decomiso forma parte de esa sentencia, por lo que la discusión actual no se centra en la existencia de la medida sino en la forma de llevarla adelante.

El planteo de la defensa

Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un recurso ante la Cámara de Casación Penal argumentando que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner no deberían ser alcanzados por la medida.

Según la defensa, ambos son ajenos al proceso penal que derivó en la condena y las propiedades que poseen tienen un origen lícito. En ese sentido, cuestionaron la aplicación del denominado “decomiso ampliado”, mecanismo utilizado por la justicia para recuperar activos vinculados indirectamente a delitos de corrupción.

En su presentación judicial, los abogados señalaron que no se realizó una investigación patrimonial exhaustiva ni un análisis de trazabilidad de los fondos que permita demostrar que los bienes transferidos a los hijos de la exmandataria estén relacionados con las maniobras delictivas investigadas.

Además, la defensa solicitó que se otorgue efecto suspensivo al recurso presentado, lo que implicaría frenar cualquier intento de tasación, remate o inscripción de los bienes a favor del Estado hasta que exista una resolución definitiva.

La postura del Ministerio Público

En su dictamen, el fiscal Villar sostuvo que en las causas de corrupción muchas veces resulta imposible reconstruir con precisión el recorrido exacto del dinero obtenido de forma ilícita. Por ese motivo, explicó que los jueces pueden considerar incrementos patrimoniales que coincidan temporalmente con las maniobras investigadas.

También remarcó que el decomiso no constituye una nueva sanción ni una pena adicional, sino una consecuencia directa de una condena penal firme.

“El decomiso ordenado no constituye una sanción autónoma ni una pena nueva, sino la consecuencia necesaria y legal de una condena penal firme”, señaló el fiscal en su escrito.

Asimismo, indicó que la resolución cuestionada por la defensa no modifica el contenido de la condena, sino que únicamente busca hacer operativa una consecuencia penal ya establecida por el tribunal que dictó la sentencia.

Los bienes involucrados

Entre los bienes que la expresidenta busca preservar se encuentran diez departamentos ubicados en la ciudad de Río Gallegos, dos inmuebles adicionales en esa misma localidad y varios terrenos situados en la zona de Lago Argentino, todos en la provincia de Santa Cruz.

Estas propiedades fueron cedidas por Cristina Fernández de Kirchner o por el fallecido expresidente Néstor Kirchner a sus hijos a través de distintas operaciones patrimoniales.

Además, la defensa de la exmandataria cuestionó la actualización del monto total del decomiso, argumentando que el cálculo realizado por la justicia sería incorrecto y aún no se encuentra firme. Según las estimaciones judiciales, el valor actualizado de los bienes a decomisar supera los 684.000 millones de pesos.

Otros bienes reclamados en la causa

El pedido de decomiso no se limita únicamente a los bienes vinculados a la familia Kirchner. En el mismo expediente también fueron reclamadas propiedades pertenecientes al empresario Lázaro Báez, condenado en la misma causa.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron el decomiso de un total de 141 inmuebles, de los cuales 13 corresponden a sociedades vinculadas a la familia Kirchner y 128 a empresas relacionadas con Báez.

El listado incluye además 46 vehículos, 4,6 millones de dólares depositados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, cerca de 992.000 dólares en una cuenta bancaria y otros montos en moneda local.

Entre las propiedades mencionadas también figuran varias casas ubicadas en la ciudad de Pinamar.

Definición pendiente de la Cámara

La decisión final sobre el planteo de la defensa deberá ser tomada por los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo.

Se espera que los magistrados analicen el dictamen del fiscal y los argumentos presentados por la defensa durante los próximos días. De su resolución dependerá si el proceso de tasación y eventual remate de los bienes avanza de manera inmediata o queda suspendido hasta que se resuelva el recurso presentado por la exmandataria.