Facturas apócrifas: ARCA acusó a Tapia y Toviggino de integrar una presunta asociación ilícita fiscal

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero amplió la denuncia contra dirigentes de la AFA y apuntó a una supuesta estructura de evasión mediante facturación apócrifa. La investigación habla de maniobras por casi 300 millones de pesos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una ampliación de denuncia penal en la causa que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y acusó a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino de integrar una presunta asociación ilícita fiscal vinculada al uso sistemático de facturación apócrifa para ocultar movimientos de dinero y evadir impuestos por casi 300 millones de pesos.

La presentación fue realizada ante el juzgado penal económico a cargo de Diego Amarante, donde ya se investigaba a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto cercano a los 19 mil millones de pesos. Con esta nueva ampliación, el organismo recaudador incorporó una hipótesis más grave: la existencia de una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios de manera sistemática.

Según la denuncia, las maniobras investigadas habrían generado un perjuicio fiscal total de $289.336.519,66 entre 2023 y 2025. ARCA detectó operaciones realizadas con proveedores considerados “sin capacidad económica, financiera ni operativa”, utilizados presuntamente para emitir comprobantes falsos y justificar pagos cuyo destino final no pudo ser determinado.

En el escrito judicial, el organismo sostuvo que la AFA habría desplegado “un ardid tendiente a encubrir a los verdaderos destinatarios del dinero” mediante operaciones que presentan “indicios graves, precisos y concordantes” compatibles con evasión tributaria agravada.

La denuncia menciona específicamente a Claudio Tapia, presidente de la AFA; Pablo Toviggino, tesorero de la entidad; el secretario Víctor Blanco Rodríguez; el dirigente Cristian Malaspina; y el director general Gustavo Lorenzo.

La investigación avanzó luego de fiscalizaciones y cruces bancarios sobre operaciones económicas vinculadas principalmente al predio de Ezeiza. Allí se detectaron pagos realizados a empresas con irregularidades estructurales y características típicas de usinas de facturación.

Entre las firmas observadas aparecen Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL, Luicom SA, Holdembrog SA, Consultek Consultora y Servicios SRL, Belesan SAS, Albamonte Construcciones SRL, Logistic Winter SRL, Central Hotel SRL e Inapey SA. También se identificaron otras compañías a partir de cruces de facturación electrónica, entre ellas Alianza Producciones SA, Xmart Solutions SRL, Capadoccia SRL, Prussian Blue SRL, Nuevo Expreso San Ignacio SRL, GYE Turismo SRL, Abidan SA, MB Canning y Ultrecht SRL.

Según ARCA, muchas de estas sociedades no contaban con empleados registrados, infraestructura mínima, maquinaria ni capacidad financiera compatible con los montos facturados. Además, algunas compartían socios, domicilios irregulares o actividades comerciales incompatibles con las operaciones declaradas.

La reconstrucción realizada por el organismo sostiene que el mecanismo consistía en contratar supuestos servicios u obras, emitir facturas electrónicas para justificar gastos y luego realizar pagos mediante transferencias y cheques. La mayoría de esos cheques, según la investigación, fueron endosados múltiples veces para dificultar el rastreo del dinero.

ARCA indicó que el 77,11% de los pagos investigados se realizó mediante cheques y apenas el 22,89% mediante transferencias bancarias. El organismo considera que esa metodología permitió fragmentar la trazabilidad de los fondos y ocultar a los beneficiarios finales.

En ese contexto, se detectó que cheques emitidos originalmente a favor de proveedores vinculados a la AFA terminaron siendo utilizados para cancelar operaciones comerciales ajenas, incluyendo compra de hacienda y ventas de carne vacuna.

La denuncia también detalla los montos investigados por período fiscal. Entre los más elevados aparecen noviembre de 2024 con más de 20 millones de pesos; agosto de 2024 con más de 19,5 millones; y marzo de 2025 con más de 19,2 millones.

Para ARCA, los montos superan ampliamente el umbral previsto por el Régimen Penal Tributario para configurar evasión agravada mediante uso de comprobantes apócrifos, contemplado en el artículo 2 inciso d de la Ley 27.430.

Además, el organismo pidió que la Justicia investigue formalmente la posible existencia de una asociación ilícita fiscal, al considerar que las maniobras se habrían extendido durante varios ejercicios fiscales consecutivos y con una estructura organizada y coordinada.

Finalmente, ARCA solicitó que Claudio Tapia, Pablo Toviggino y el resto de los dirigentes mencionados sean convocados a prestar declaración indagatoria mientras continúa avanzando la investigación judicial.