Dominga vuelve al centro del debate en Chile tras fallo judicial que reabre la discusión sobre inversiones mineras

La Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló la resolución del Primer Tribunal Ambiental y reavivó el debate político y económico sobre el proyecto minero-portuario Dominga.

El proyecto minero-portuario Dominga volvió a instalarse en el centro de la discusión pública en Chile luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolviera anular una resolución del Primer Tribunal Ambiental al considerar que su aplicación resultaba improcedente. El fallo judicial reabre el escenario de debate en torno a una de las iniciativas extractivas más controvertidas del país.

Tras la decisión de la Corte, distintas voces del sector minero y empresarial volvieron a manifestarse sobre el impacto que el proyecto podría tener tanto en la economía como en el desarrollo regional. Entre ellas, la presidenta de la Asociación de Industriales de Antofagasta, Dominique Viera, afirmó que Dominga representa una oportunidad estratégica que Chile no debería dejar pasar.

Según explicó, parte de las críticas que ha recibido el proyecto se basan en interpretaciones que no reflejan las características actuales de la iniciativa. En ese sentido, destacó que el proyecto contempla la construcción de una planta desaladora, lo que permitirá abastecer con agua desalada a la operación sin utilizar recursos hídricos continentales e incluso aportar al suministro de agua para la comunidad.

Otro de los puntos discutidos en torno al proyecto ha sido la infraestructura portuaria. De acuerdo con Viera, Dominga no contempla la construcción de un mega puerto, sino de un puerto de carga similar a otros existentes en distintas zonas del país, donde la actividad minera convive con la pesca, el turismo y el desarrollo de las economías locales. Además, señaló que la instalación portuaria proyectada se ubicaría a mayor distancia de la costa que otras estructuras similares actualmente operativas.

El impacto en la fauna marina también ha sido uno de los temas más sensibles del debate. Sectores ambientalistas han planteado preocupaciones por la posible afectación a especies como ballenas y pingüinos. Sin embargo, desde el sector minero sostienen que actualmente existe una intensa circulación marítima en la zona, con alrededor de 3.600 embarcaciones al año transitando cerca de áreas protegidas.

En contraste, los impulsores de Dominga indican que el proyecto contempla el paso de aproximadamente un barco por semana y a una distancia considerablemente mayor de las zonas protegidas, lo que —según argumentan— reduciría significativamente los riesgos para la biodiversidad marina.

Viera también remarcó que los distintos aspectos ambientales del proyecto fueron evaluados en estudios técnicos presentados ante los organismos competentes y analizados por el Tribunal Ambiental. En ese sentido, planteó que las decisiones de las instituciones especializadas deben ser consideradas dentro del proceso de evaluación.

El debate sobre Dominga también expone una discusión más amplia sobre el clima de inversiones en Chile. Desde sectores vinculados a la industria minera advierten que la incertidumbre regulatoria y judicial puede afectar la llegada de capitales para proyectos estratégicos.

En ese contexto, sostienen que la seguridad jurídica resulta clave para el desarrollo económico y para garantizar condiciones claras a largo plazo para inversiones vinculadas a recursos naturales y transición energética.

El caso Dominga continúa generando posiciones contrapuestas entre sectores productivos, autoridades y organizaciones ambientalistas, en un escenario donde el equilibrio entre desarrollo económico, protección ambiental y certeza jurídica se mantiene como uno de los principales desafíos para el futuro de la minería en Chile.