El 70% del personal no docente de la UNSJ está bajo la línea de la pobreza

Desde la APUNSJ advirtieron sobre el deterioro salarial que atraviesan los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de San Juan, en un contexto marcado por el desfinanciamiento del sistema universitario.

El secretario general del gremio, Daniel Durán, aseguró que “a abril de 2026, el 70% del personal no docente se encuentra por debajo de la línea de la pobreza”, una situación que contrasta con lo ocurrido a fines de 2023, cuando —según explicó— ningún trabajador del sector se encontraba en esa condición.

El impacto de la caída del poder adquisitivo se combina con otro problema estructural: la falta de personal. Desde el gremio señalaron que la planta se mantiene prácticamente sin cambios desde 2007, pese al crecimiento institucional de la universidad.

Actualmente, la UNSJ cuenta con una estructura que no logra acompañar la expansión académica y territorial, lo que genera sobrecarga de tareas en los trabajadores activos.

Otro fenómeno que comienza a profundizarse es la salida de personal hacia el sector privado. Según APUNSJ, alrededor del 60% de la planta no docente está compuesta por profesionales, lo que facilita su inserción en otras actividades con mejores condiciones salariales.

Entre los destinos más frecuentes se destacan áreas vinculadas a recursos humanos, gestión de proyectos y, especialmente, el sector minero, además de modalidades de trabajo remoto.

Frente a este escenario, el gremio inició un plan de lucha que incluye paros escalonados durante abril. Las medidas buscan visibilizar la situación del sector y reclamar mejoras salariales, además de financiamiento para el sistema universitario.

También se prevé la realización de un congreso nacional el próximo 27 de abril, donde representantes de distintas universidades debatirán nuevas acciones a seguir.

Desde APUNSJ advirtieron que uno de los ejes centrales del conflicto es la discusión en torno a la ley de financiamiento universitario. En ese marco, expresaron su preocupación por posibles modificaciones impulsadas desde el Ejecutivo nacional.

“El objetivo es sostener la ley en los términos en los que fue aprobada. De lo contrario, se estaría avanzando en un deterioro estructural del sistema universitario”, sostuvo Durán.

El conflicto se enmarca en una problemática más amplia que afecta a las universidades públicas del país, donde la pérdida de poder adquisitivo y la falta de recursos comienzan a impactar tanto en el funcionamiento institucional como en la calidad del empleo.