El Gobierno ajustó la Ley de Glaciares y apuesta a aprobarla con lo justo en el Senado

El oficialismo introdujo modificaciones de último momento al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares y confía en reunir los 37 votos necesarios para darle media sanción, aunque reconocen que el respaldo es estrecho y genera divisiones incluso entre bloques aliados.

En los días previos a una sesión clave en el Senado de la Nación, el Gobierno nacional cerró acuerdos con bloques aliados para ajustar el dictamen de reforma de la Ley de Protección de Glaciares, un proyecto que busca modificar la normativa vigente sancionada en 2010. La iniciativa será debatida este jueves en la Cámara alta, y en la Casa Rosada admiten que la diferencia entre lograr o no la media sanción es “muy justa”.

El oficialismo trabajó en las últimas horas con representantes de bancadas propias y aliados para incorporar cambios, especialmente en los artículos 6 y 7 del texto, aunque las modificaciones no alteran el espíritu general de la reforma. Entre ellas se incluyeron referencias explícitas a la prohibición de actividades que impliquen daño ambiental según la Ley General del Ambiente y la obligación de que las evaluaciones ambientales cumplan con la Ley del Régimen de Gestión Ambiental del Agua, aspectos que sus impulsores presentan como salvaguardas adicionales.

Otra variación establece que la determinción de la “relevancia hídrica” de un glaciar —criterio clave para decidir si se habilitan o no actividades extractivas— se realizará sobre la base de estudios técnico-científicos, aunque críticos señalan que la redacción no precisa estándares claros sobre esos estudios.

El proyecto oficial mantiene la idea de que las provincias tengan mayor poder de decisión sobre la evaluación ambiental de glaciares y ambientes periglaciares, permitiendo que determinen si una formación no cumple función hídrica y, en ese caso, habilitar actividades productivas en esas zonas. Esto implica una reinterpretación de las zonas hasta ahora protegidas, lo que ha generado debate entre quienes sostienen que se prioriza la inversión minera y quienes defienden la protección ambiental.

La Ley de Glaciares vigente, sancionada en 2010, prohíbe actividades extractivas —como la minería— en los glaciares y en ambientes periglaciares, considerándolos reservas estratégicas de agua dulce para el país. La reforma propuesta por el Gobierno de Javier Milei busca redefinir ese alcance y otorgar mayor autonomía a las provincias para evaluar y autorizar proyectos productivos en áreas que hoy están protegidas, siempre que no se considere que tienen “relevancia hídrica”.

En el oficialismo reconocen que cuentan con el respaldo necesario para alcanzar los 37 votos necesarios en el Senado, pero la bancada del PRO y la UCR están divididas y hay incertidumbre sobre la posición de legisladores clave, incluidos miembros del bloque peronista Convicción Federal. La situación política ha exigido negociaciones horizontales con varios sectores para sellar apoyos.

Organizaciones ambientalistas y sectores sociales han expresado su rechazo al proyecto, advirtiendo que las modificaciones podrían debilitar la protección ambiental de los glaciares y ambientes conexos. Activistas incluso realizaron protestas frente al Congreso para manifestar su oposición al tratamiento de la reforma.