El Gobierno de San Juan respaldó que vuelva a ser obligatorio el CIU vitivinícola

La Justicia Federal hizo lugar al reclamo de productores y restituyó el Certificado de Ingreso de Uva, una herramienta clave para la trazabilidad, la transparencia del mercado y la elaboración de estadísticas del sector.

La Justicia Federal resolvió restituir la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), luego de aceptar una medida cautelar presentada por productores vitivinícolas. El documento, que permite al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) registrar los kilos de uva que ingresan a bodegas y establecimientos elaboradores, había pasado a ser optativo tras las desregulaciones impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.

Desde el Gobierno de San Juan manifestaron su respaldo a la decisión judicial, al considerar que la eliminación de la obligatoriedad del CIU afectaba directamente a los productores primarios y debilitaba el sistema de información del sector.

El ministro de Producción de la provincia, Gustavo Fernández, sostuvo que la postura sanjuanina fue clara desde el inicio: “Siempre estuvimos a favor de la desregulación, pero en contra de dos o tres puntos puntuales, entre ellos la voluntariedad del CIU, una posición compartida por la inmensa mayoría de la cadena vitivinícola”.

Según explicó el funcionario, el cambio fue uno de los más cuestionados tanto en el ámbito mediático como dentro del sector productivo, debido a su impacto transversal. “No había un motivo claro para eliminarlo. Era un trámite que realizaban las bodegas y, lejos de generar burocracia, facilitaba el proceso, especialmente para los pequeños productores”, afirmó.

El CIU debía ser confeccionado por los elaboradores al momento del ingreso de los camiones con uva a sus establecimientos, consignando datos clave como peso, variedad y destino de la fruta. Este sistema permitía aliviar cargas administrativas a los viñateros de menor escala, que de otro modo debían emitir remitos o gestionar habilitaciones específicas para el transporte.

“Se trata de un documento comercial. Al eliminarlo, el productor queda obligado a asumir pasos administrativos en condiciones bastante precarias, algo que en la práctica se evitaba”, advirtió Fernández, en un contexto marcado por la baja rentabilidad y la crisis que atraviesa el sector vitivinícola.

Además del impacto directo sobre los productores, el CIU cumplía un rol central en la generación de información estratégica. “Quitarle obligatoriedad le resta transparencia al mercado. El vitivinícola era uno de los sectores con mayor nivel de información disponible gracias a estos registros”, señaló el ministro.

A partir de los datos del CIU, el INV elaboraba estadísticas semanales sobre el volumen de uva ingresada y su destino, permitiendo anticipar escenarios de sobrestock o déficit. “Con esa información se podía saber, al final de la temporada, cuánta uva se destinaba a vino y cómo se comportaba el mercado”, explicó.

Fernández subrayó que la trazabilidad y la base de datos que aporta el certificado resultan fundamentales para una competencia sana. “A mayor transparencia y mejor información compartida, se fortalece la libertad de mercado”, sostuvo. También advirtió que, de haber quedado como voluntario, el CIU solo habría sido utilizado por quienes elaboran vinos varietales, un segmento que hoy presenta menos problemas de caída de ventas y exceso de oferta.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron además la importancia del CIU para el diseño de políticas públicas. “El informe estadístico del INV es una herramienta clave. A partir de esos datos estamos trabajando en análisis de reconversión productiva, utilizando información de cosecha, elaboración y destinos”, agregó el ministro.

La medida cautelar y su alcance

Tras la decisión del Ministerio de Desregulación de eliminar la obligatoriedad del CIU, surgieron fuertes críticas desde el sector productivo, especialmente por parte de los productores primarios de San Juan. En contraste, elaboradores y la Mesa Vitícola respaldaron el reclamo judicial.

El proceso judicial se inició en Mendoza, a partir de una presentación realizada por asociaciones privadas ante el Juzgado Federal N°2. Los magistrados hicieron lugar al pedido y ordenaron al Instituto Nacional de Vitivinicultura suspender la aplicación de la norma que convertía al CIU en optativo.

Al tratarse de una medida adoptada en el ámbito federal, su alcance se extiende a todo el país. De este modo, mientras se resuelve la cuestión de fondo, bodegas y establecimientos elaboradores vuelven a estar obligados a informar al INV cada ingreso de uva, detallando peso, variedad y destino de la producción.