El IPV investiga hasta 400 viviendas deshabitadas en San Juan y ya avanzó con 40 revocaciones

El Instituto Provincial de la Vivienda intensificó los controles sobre viviendas adjudicadas que permanecen vacías o no cumplen con su función social. Según confirmó la directora del organismo, Elina Peralta, actualmente existen entre 300 y 400 casos bajo investigación por posibles irregularidades.

“Hemos detectado más de 300 casas deshabitadas a través de denuncias”, aseguró la funcionaria al describir el alcance de los operativos que se vienen realizando en distintos departamentos de San Juan.

Como resultado de esas inspecciones, el IPV ya avanzó sobre alrededor de 100 expedientes y logró iniciar unas 40 revocaciones en primera instancia, un paso clave para que el Estado pueda recuperar las viviendas y volver a sortearlas entre familias inscriptas en el padrón.

Desde el organismo señalaron que muchas de las maniobras detectadas buscan aparentar ocupación para evitar sanciones. Entre ellas mencionaron:

• Viviendas amobladas sin residentes permanentes.

• Pequeñas ampliaciones realizadas para simular uso.

• Fotografías preparadas para aparentar habitabilidad.

• Consumos mínimos o inexistentes en servicios básicos.

“Cuando cruzamos datos vemos medidores con consumo cero”, explicó Peralta, quien indicó que esa información resulta fundamental para acreditar que las viviendas no están siendo habitadas.

La directora sostuvo además que uno de los principales problemas es la lentitud del sistema judicial, ya que los adjudicatarios cuentan con derecho a defensa y pueden presentar descargos, lo que extiende los tiempos de recuperación.

Por ese motivo, el IPV impulsa una ley provincial que permita agilizar los procedimientos legales y acelerar el recupero de inmuebles para destinarlos nuevamente a familias que esperan acceder a una vivienda.

Actualmente, según datos del organismo, existen cerca de 100.000 sanjuaninos esperando soluciones habitacionales.

Peralta también alertó sobre otro problema que afecta al sistema: la morosidad en el pago de cuotas.

“La mitad de los adjudicatarios no paga”, aseguró la funcionaria, quien remarcó que el IPV ya no depende de fondos nacionales y debe sostenerse principalmente mediante el recupero de cuotas.

Frente a este escenario, el organismo comenzó una campaña de intimaciones más estricta y recordó que tanto la falta de ocupación como el incumplimiento de pago constituyen causales legales de revocación.

Desde el IPV remarcaron que el objetivo es preservar el carácter solidario del sistema habitacional provincial, donde el pago de quienes ya accedieron a una vivienda permita financiar nuevas construcciones y ampliar las oportunidades para otras familias sanjuaninas.