Grave informe sobre el Acueducto Gran Tulum: detectan cañerías no aptas para agua potable y avanza una causa judicial

Un estudio técnico determinó que los materiales utilizados corresponden a sistemas cloacales y podrían ser tóxicos. La obra, clave para el abastecimiento de agua en San Juan, quedó bajo investigación.

Un informe técnico encargado por OSSE encendió una fuerte alarma institucional en la provincia de San Juan al concluir que las cañerías instaladas en el Acueducto Gran Tulum no son aptas para transportar agua potable. El estudio, realizado por la consultora Interacción y certificado por Bureau Veritas, sostiene que los tubos corresponden a sistemas de desagües cloacales y pluviales, y que podrían implicar riesgos para la salud humana.

La conclusión técnica es contundente: los materiales utilizados no soportan presión —condición indispensable en redes de agua potable— y estarían fabricados con insumos que pueden liberar partículas potencialmente tóxicas.

El Acueducto Gran Tulum fue concebido como una de las obras de infraestructura más importantes de la provincia, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua potable para una población proyectada de un millón de habitantes.

El proyecto se financió mediante un crédito internacional de 100 millones de dólares otorgado por Kuwait, en el marco de acuerdos bilaterales históricos. Actualmente, la provincia ya comenzó a afrontar su devolución, lo que agrava el impacto económico ante un eventual fracaso técnico.

Las cañerías fueron adjudicadas en dos procesos licitatorios a la empresa alemana Krah, cuyo apoderado en Argentina era Gustavo Monti. En total, se destinaron más de 1.300 millones de pesos para la provisión de los materiales, incluyendo una segunda adjudicación que superó el presupuesto oficial.

Antes de la adjudicación, la firma General Plastics había advertido formalmente sobre el carácter experimental de las tuberías ofrecidas por Krah, así como sobre inconsistencias en la propuesta económica. Estas observaciones no impidieron que la empresa resultara ganadora de las licitaciones.

Con el correr de los años, las dudas sobre la calidad de los materiales fueron escalando hasta convertirse en un tema de agenda pública. En 2024, la Legislatura provincial aprobó un pedido de informes por unanimidad, mientras que en diciembre de 2025 el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia penal solicitando investigar posibles delitos, entre ellos malversación de fondos y fraude en la contratación.

En febrero de 2026, el Gobierno provincial decidió constituirse como querellante en la causa, marcando un giro relevante en la estrategia institucional.

La causa es investigada por los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, quienes ya analizan una voluminosa cantidad de documentación aportada por OSSE, que supera las 100 cajas.

Además, se realizó una inspección ocular en tramos clave del acueducto, incluyendo el recorrido entre el dique Punta Negra y la planta potabilizadora de Marquesado, donde se verificó la instalación de caños tanto a la vista como bajo tierra. Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar si las tuberías colocadas coinciden con las especificaciones técnicas de los pliegos.

El informe de Interacción será incorporado como prueba documental clave. Paralelamente, OSSE solicitó una nueva evaluación al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, cuyos resultados serán determinantes para confirmar o refutar las conclusiones iniciales.

Desde el punto de vista ingenieril, el uso de cañerías no aptas para presión representa una falla estructural crítica. En sistemas de agua potable, los materiales deben garantizar estanqueidad, resistencia mecánica y ausencia de contaminación química.

En este caso, el informe advierte que los caños utilizados podrían no solo fallar en términos operativos, sino también comprometer la calidad del agua transportada. La posible migración de compuestos tóxicos plantea un riesgo sanitario significativo.

Si el diagnóstico es confirmado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el escenario sería complejo: las tuberías deberían ser retiradas en su totalidad, implicando costos millonarios adicionales y la paralización de la obra por falta de financiamiento.

El caso del Acueducto Gran Tulum combina impacto económico, institucional y político. La provincia enfrenta la posibilidad de haber invertido sumas millonarias en materiales inadecuados, mientras continúa pagando un crédito internacional por una obra que podría no entrar en funcionamiento.

En el plano judicial, no se descartan nuevas medidas como pedidos de documentación a empresas proveedoras, citaciones a exfuncionarios y eventuales allanamientos. La investigación busca determinar responsabilidades tanto en el proceso de licitación como en los controles técnicos posteriores.

A nivel institucional, el caso reabre el debate sobre los mecanismos de control en la obra pública, la transparencia en las contrataciones y la capacidad del Estado para supervisar proyectos de gran escala.

El avance de la causa y los resultados de los próximos estudios técnicos serán determinantes para definir el futuro de una obra clave para San Juan. Más allá del desenlace judicial, el caso ya se perfila como uno de los episodios más sensibles en materia de infraestructura pública de los últimos años en la provincia.