Juicio por YPF: Burford Capital pidió que la Justicia de Estados Unidos sancione a la Argentina

El fondo litigante solicitó que el país sea declarado en desacato por presunto incumplimiento en la entrega de información clave en el proceso judicial por la expropiación de YPF.

Burford Capital, principal beneficiario del fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar alrededor de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012, solicitó a la Justicia de Estados Unidos que se sancione al Estado argentino por un presunto incumplimiento de órdenes judiciales vinculadas al proceso de discovery.

La presentación fue realizada ante la jueza Loretta Preska, quien dictó la sentencia en primera instancia, y solicita que la Argentina sea declarada en desacato, al considerar que no habría aportado información que los demandantes consideran relevante sobre funcionarios del actual y del anterior gobierno.

Especialistas en la causa señalaron que se trata de un proceso complejo y de largo recorrido, en el cual la magistrada deberá analizar si corresponde avanzar con alguna sanción. En ese marco, desde la defensa argentina aseguraron que el país rechaza los argumentos del fondo litigante y sostiene haber cumplido con todas las órdenes judiciales impartidas.

Según trascendió, entre las medidas solicitadas por Burford Capital se incluyen la posibilidad de declarar como alter ego del Estado a distintos entes públicos, como el Banco Central de la República Argentina, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas, además de sanciones civiles, presunciones negativas por documentación supuestamente no presentada y una multa coercitiva diaria de un millón de dólares, junto con la declaración formal de desacato.

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación, organismo a cargo de la defensa del Estado, afirmaron que la Argentina cumplió de manera plena y extensa con el proceso de discovery, incluyendo la entrega de más de 113.000 páginas de documentación y el testimonio de distintos funcionarios.

Asimismo, sostuvieron que la solicitud de sanciones responde a una estrategia de presión judicial y política, con pedidos considerados intrusivos y desproporcionados, en un contexto en el que el país habría logrado avances recientes en el plano judicial. En ese sentido, fuentes oficiales remarcaron que el planteo debe interpretarse como un intento de hostigamiento procesal ante la reducción de herramientas legales disponibles para el fondo demandante.

El Estado argentino presentará formalmente sus argumentos ante la Justicia estadounidense en las próximas semanas, en una causa que continúa siendo uno de los litigios internacionales de mayor impacto económico para el país.