Jáchal No Se Toca, bajo la lupa, ¿mintió sobre el informe de la UNCuyo?

La relación entre la Asamblea Jáchal No Se Toca y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) volvió a quedar en el centro de la escena tras la negativa de la institución académica a brindar explicaciones sobre el informe técnico que la organización ambientalista utilizó para denunciar una presunta contaminación en el embalse Cuesta del Viento. El silencio universitario, sumado a inconsistencias en el manejo interno de la Asamblea, profundiza las dudas en un momento delicado para el debate minero en San Juan, Mendoza y el país.

Un funcionario de la UNCuyo fue categórico ante la consulta periodística, “No van a dar declaraciones sobre este tema a ningún medio”. La institución evitó responder si avala o no las conclusiones que la Asamblea difundió sobre la mortandad de peces en Cuesta del Viento, pese a que el documento emitido lleva membrete de la casa de estudios y su contenido circuló en medios nacionales antes incluso de su fecha oficial de emisión.

La Asamblea Jáchal No Se Toca surgió tras el derrame de solución cianurada en Veladero en 2015. Tras haber tenido fuerte presencia y respaldo social, hoy su actividad se reduce a una carpa instalada en la plaza principal de Jáchal. Sin embargo, su capacidad operativa parece intacta, logró costear un estudio técnico cuyo valor ronda los 27 millones de pesos, según estimaciones de la Junta de Riego local.

La organización sostiene en redes sociales que su financiamiento es autogestivo, “Este sitio es sostenible gracias al aporte de vecinos y hermanos que nos acompañan”. No obstante, ninguna fuente oficial o interna logró confirmar el origen concreto de los fondos. Un exfuncionario provincial aseguró “nunca pudimos dar con nada” respecto al financiamiento real.

En este escenario, cobra protagonismo el activista Saúl Zeballos, contador y militante, señalado por fuentes calificadas como el principal impulsor del vínculo con la UNCuyo. Él habría exigido que fuera esa universidad, y no las instituciones sanjuaninas, inicialmente propuestas por autoridades locales, la encargada de realizar los análisis del agua. Según testimonios, la Asamblea rechazó estudios de la UNSJ y la UCCuyo alegando supuestos vínculos con el Gobierno provincial.

Versiones extraoficiales mencionan además un posible apoyo externo, incluso desde organismos internacionales como Greenpeace o un subsidio europeo, aunque nada de eso pudo ser verificado.

Desde la institución mendocina tampoco hubo claridad. Fuentes de jerarquía reconocieron que la universidad no avala la interpretación que difundió la Asamblea sobre una supuesta contaminación, pero aun así evitaron emitir un pronunciamiento público que disipara las dudas generadas a nivel regional y nacional.

Consultado por DIARIO DE CUYO, un funcionario de la Facultad de Ingeniería, que dirige la decana Patricia Infante, afirmó que es difícil determinar quién autorizó o gestionó el trabajo, “Hay nueve institutos, cada uno con sus laboratorios, que funcionan como cooperadoras y generan recursos. La decana no puede saber qué hace cada laboratorio”. El responsable formal de la vinculación institucional, Lucas Viñals, tampoco respondió.

¿Puede cualquier organización contratar estudios de una universidad pública sin quedar registrada la operatoria?

¿Por qué la institución no desmintió con firmeza las lecturas erróneas del informe?

¿Hubo motivaciones políticas en un contexto donde Mendoza avanza con la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge?

La difusión anticipada del estudio técnico, incluso antes de su fecha de emisión, generó repercusión nacional y coincidió con temas sensibles en la agenda pública, el trámite del proyecto San Jorge en Mendoza y el ingreso en el Congreso de la ley aclaratoria de la Ley de Glaciares.

El manejo hermético de la UNCuyo, sumado a la estructura interna poco transparente de la Asamblea, alimenta sospechas sobre un entramado político que excede la denuncia ambiental. En un escenario donde la minería vuelve a ser eje del debate, la falta de respuestas oficiales mantiene abierto un interrogante que crece, ¿por qué nadie quiere explicar un estudio que lleva el sello de una universidad pública?, ¿Quien financia a la Asamblea Jachal no se Toca?. Todo muy raro.

Fuente: Diario De Cuyo