La baja en la edad de imputabilidad entra en etapa clave: crece el consenso, pero el kirchnerismo intenta frenar el dictamen

Este martes, un plenario de cuatro comisiones en la Cámara de Diputados debatirá un proyecto de Régimen Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, el PRO y sectores aliados, busca reemplazar una legislación vigente desde la dictadura y establecer nuevas reglas para el tratamiento penal de menores involucrados en delitos.

Aunque existe un amplio consenso entre los más de 100 legisladores que integran las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familias y Presupuesto, el kirchnerismo, junto a la izquierda y organizaciones de derechos humanos, se opone firmemente al dictamen. También se pronunció en contra la Iglesia Católica, a través de su Comisión de Pastoral Social, encabezada por monseñor Dante Braida, quien advirtió que "encerrar a un chico no resuelve el problema de fondo".

El debate cobró impulso tras el asesinato de Kim Gómez, una niña de 7 años, en un violento robo cometido por adolescentes de 14 y 17 años. Este caso volvió a poner en agenda la necesidad de reformar el sistema penal juvenil.

Un nuevo régimen con penas diferenciadas y enfoque integral

El texto que se debatirá reemplazaría la Ley 22.278 —vigente desde 1980— por un sistema integral que contempla no solo la baja de la edad de imputabilidad, sino también medidas específicas orientadas a la reinserción y la protección de derechos. Se busca aplicar sanciones proporcionales según la edad y gravedad del delito, con prioridad en las penas alternativas y la prevención.

Entre las medidas que se incluyen en el nuevo régimen figuran:

• Programas educativos, recreativos y laborales.

• Asistencia médica y psicológica.

• Monitoreo electrónico y servicios comunitarios.

• Prohibición de contacto con la víctima y reparación del daño.

Además, el proyecto prohíbe expresamente las penas perpetuas para menores y establece límites claros al encarcelamiento, que solo se aplicaría en casos graves y como último recurso. También propone modalidades atenuadas como la prisión domiciliaria o el alojamiento en institutos especializados.

Garantías procesales y enfoque de derechos

El nuevo régimen se apoya en principios como el debido proceso, la defensa desde el primer momento, la proporcionalidad de las sanciones y el derecho del menor a ser escuchado. También se contempla la posibilidad de sustituir parte de la condena tras cumplir dos tercios de la pena, siempre bajo control judicial.

Uno de los objetivos centrales del proyecto es evitar que adolescentes sean privados de libertad en cárceles comunes o sin garantías legales, como ocurre en algunas provincias, donde menores considerados “no punibles” terminan bajo medidas tutelares sin juicio ni defensor.

Un punto de quiebre entre bloques

Aunque Unión por la Patria mantiene una postura contraria, algunos legisladores del massismo presentaron propuestas similares que también fijan la edad mínima de imputabilidad en 14 años. En tanto, el oficialismo y aliados avanzan en la construcción de un dictamen único con fuerte apoyo multipartidario.

De aprobarse, el nuevo régimen penal juvenil colocaría a la Argentina en línea con la mayoría de los países de la región, donde la edad de imputabilidad varía entre los 12 y 14 años.