La causa por el Acueducto Gran Tulum suma un nuevo capítulo y revisa el inicio de las contrataciones

La investigación judicial por las presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo con una resolución que mantiene el rumbo de la causa. El juez Eduardo Raed rechazó el pedido de recusación presentado por los ex presidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, por lo que la jueza de Garantías Mónica Lucero continuará al frente del expediente. La decisión representa un revés para la estrategia planteada por las defensas y permite que la investigación siga su curso sin modificaciones en la conducción judicial.

El planteo de los exfuncionarios buscaba apartar a la magistrada de la causa, aunque finalmente la Justicia resolvió desestimarlo. De esta manera, el expediente continúa avanzando mientras se analizan las responsabilidades de quienes intervinieron en las distintas etapas de una obra pública que demandó una importante inversión y que aún continúa bajo la lupa por presuntas irregularidades en su ejecución.

A medida que avanza la investigación, el análisis judicial también vuelve sobre los primeros actos administrativos que dieron origen al proyecto. En ese contexto, la gestión de Cristian Andino al frente de OSSE aparece nuevamente entre las etapas que son objeto de revisión. Según consta en la documentación incorporada al expediente, el 10 de marzo de 2015, mediante el Expediente N.º 435.912, se impulsaron dos licitaciones consideradas fundamentales para el desarrollo de la obra, correspondientes a la adquisición de componentes de acero inoxidable y a la compra de cañerías de polietileno que posteriormente serían utilizadas en el acueducto.

Esas contrataciones forman parte del conjunto de decisiones que actualmente son analizadas por la Justicia debido a que los materiales utilizados fueron posteriormente cuestionados por distintos informes técnicos incorporados a la causa. Precisamente, las pericias buscan determinar si existieron fallas en los procesos de contratación, controles insuficientes o incumplimientos que hayan derivado en los problemas detectados durante la ejecución del proyecto.

La investigación no se limita a una sola gestión, sino que comprende las distintas administraciones que estuvieron al frente de OSSE durante el desarrollo de la obra. Además de Cristian Andino, la causa también analiza las actuaciones realizadas durante las presidencias de Sergio Ruiz, quien condujo el organismo entre 2015 y 2019; Guillermo Sirerol, responsable entre 2020 y 2022; Juan Carlos Caparrós, quien encabezó la empresa estatal entre 2022 y 2023; y Mauricio Ibarra, que asumió durante el último tramo de la gestión provincial anterior, cuando la obra ya acumulaba importantes demoras y cuestionamientos.

Uno de los elementos más relevantes dentro del expediente son los informes técnicos elaborados durante el avance de la obra. Entre ellos figura un informe producido en 2020 que advertía sobre presuntas deficiencias en las soldaduras de las cañerías, además de otras pericias posteriores que analizaron la calidad de los materiales utilizados en distintos sectores del acueducto. Toda esa documentación forma parte de la prueba que la Justicia evalúa para determinar si existieron responsabilidades administrativas, técnicas o penales por parte de funcionarios públicos, empresas contratistas o responsables de los controles.

Dentro de ese análisis también se encuentra el rol que desempeñó el entonces Ministerio de Obras Públicas, conducido por Julio Ortiz Andino, organismo que tenía competencia sobre la supervisión general del proyecto, las modificaciones técnicas que fueron autorizadas durante la ejecución y el seguimiento de los distintos informes elaborados a medida que avanzaba la construcción. La investigación busca establecer si los mecanismos de control funcionaron adecuadamente y si las advertencias técnicas recibieron el tratamiento correspondiente.

Con el rechazo de la recusación presentada por Ruiz y Sirerol, la causa continuará bajo la conducción de la jueza Mónica Lucero mientras se profundiza el análisis de la documentación, las pericias técnicas y las responsabilidades que pudieran surgir en torno a una de las obras públicas más importantes ejecutadas en la provincia durante los últimos años. La investigación permanece abierta y será la Justicia la encargada de determinar, sobre la base de las pruebas reunidas, si existieron responsabilidades penales o administrativas de los distintos actores que participaron en la planificación, contratación, ejecución y control del Acueducto Gran Tulum.

Cabe recordar que la investigación se encuentra en trámite y que las personas mencionadas no registran condenas firmes por los hechos que se investigan, por lo que rige el principio de presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial definitiva.