La Justicia ordenó un decomiso millonario de bienes en la causa Vialidad que alcanza a Cristina Fernández y sus hijos

El Tribunal Oral Federal 2 dispuso la incautación de propiedades y sumas de dinero por más de 684 mil millones de pesos, medida que abarca a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner y otros condenados.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires ordenó el decomiso de bienes inmuebles y fondos por un valor actualizado de $684.990.350.139,86 en el marco de la causa por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La resolución, fechada el 18 de noviembre de 2025, alcanza a los condenados Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner, así como a sociedades vinculadas y a Máximo y Florencia Kirchner en calidad de titulares de activos identificados durante la investigación.

La sentencia original, que quedó firme el 10 de junio de 2025, había fijado un monto cercano a los $84.800 millones. Sin embargo, tras la intervención del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema y peritos fiscales, el tribunal adoptó una actualización integral del valor. Como los condenados no cumplieron con la intimación de pago, el tribunal dispuso la ejecución de los bienes enumerados en el fallo.

La medida incluye propiedades pertenecientes a Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL, además de inmuebles cedidos a Máximo y Florencia Kirchner. También se prevé avanzar sobre los bienes de otros condenados —entre ellos Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich— si los activos iniciales resultan insuficientes para cubrir el monto fijado.

El procedimiento ordena tasar y realizar los bienes decomisados y registrar toda la información relevante en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y Decomisados. La Fiscalía identificó que la mayoría de los activos fueron adquiridos entre 2003 y 2015, período considerado clave para la maniobra delictiva relacionada con la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

Las defensas solicitaron rechazar la ejecución argumentando falta de nexo causal entre los delitos y los bienes, cuestionamientos constitucionales y la inclusión de propiedades previamente analizadas en otras causas. También objetaron la extensión del decomiso a bienes previos al ejercicio de funciones públicas.

El tribunal sostuvo que la sentencia firme acreditó beneficios económicos directos e indirectos obtenidos por Báez y la familia Kirchner a partir de contratos irregulares de obra pública. La resolución enfatiza que el decomiso alcanza bienes considerados efectos o provecho del delito, incluso si se encuentran en poder de terceros que no hayan demostrado ser adquirentes de buena fe.

La decisión se apoya en normativa nacional y en tratados internacionales contra la corrupción que obligan a recuperar activos derivados de delitos contra la administración pública. También aclara que el decomiso puede recaer sobre bienes mezclados, transformados o sustituidos por otros de origen lícito, siempre que exista vinculación con el delito fuente.

La resolución será comunicada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá determinar el destino final de los bienes conforme al reglamento vigente. El objetivo principal fijado por el tribunal es la reparación del daño ocasionado al Estado y a la sociedad. Además, la Fiscalía conserva la facultad de identificar nuevos activos susceptibles de decomiso durante la etapa de ejecución.