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Investigan al intendente de Angaco y a tres concejales por presunto abuso de autoridad
- Diario Libre
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La Justicia de San Juan investiga al intendente de Angaco, José Castro, por un presunto caso de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, en una causa vinculada al supuesto uso de maquinaria y personal municipal en un terreno privado.
La investigación también alcanza a los concejales Roberto López, Alberto de los Ríos y Alejandro Paredes, quienes están imputados por presunto abuso de autoridad y encubrimiento.
La investigación fiscal
Durante una audiencia realizada este miércoles, el fiscal Francisco Nicolía solicitó seis meses de plazo para continuar con la investigación, al considerar que existen elementos suficientes para profundizar la pesquisa sobre el accionar del jefe comunal.
Según la acusación, Castro habría utilizado maquinaria y personal del municipio para realizar trabajos en un terreno de su propiedad, ubicado en el departamento de Chimbas.
El rol de los concejales
La causa también analiza el accionar de los tres concejales que respaldaron un acuerdo de conciliación impulsado por el intendente, decisión que ahora está bajo análisis judicial.
En ese acuerdo, Castro habría ofrecido 5 millones de pesos como reparación económica a una organización solidaria de Angaco, propuesta que fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante el pasado 18 de febrero.
La estrategia de la defensa
Los abogados defensores, Marcelo Fernández Valdez y Leonel García, solicitaron que se suspenda el avance de esta causa hasta que se resuelva otro expediente judicial relacionado.
Ese proceso paralelo está vinculado a un pedido de conciliación y reparación integral del daño presentado por el intendente en una causa distinta, en la que se investiga una presunta malversación de fondos.
La audiencia para tratar ese planteo está prevista para el 20 de marzo.
La decisión judicial
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez Gerardo Fernández Caussi decidió pasar a un cuarto intermedio y contará con un plazo de hasta tres días para resolver cómo continuará el proceso.
La causa se originó a fines de 2019, cuando el Concejo Deliberante denunció el presunto uso de recursos municipales en beneficio personal. Con la investigación aún en curso, la definición sobre los próximos pasos judiciales podría conocerse en los próximos días.
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