La línea de 500 kV de Vicuña expuso el debate sobre quién debe beneficiarse de las inversiones eléctricas

La audiencia pública convocada para analizar las obras eléctricas impulsadas por Vicuña Argentina dejó al descubierto una discusión de fondo: cómo distribuir los beneficios de una infraestructura financiada por privados, pero que una vez construida pasará a formar parte del sistema público de transporte eléctrico.

La construcción de una nueva línea eléctrica y la ampliación de infraestructura existente fueron valoradas por la mayoría de los participantes de la audiencia. Sin embargo, surgieron diferencias respecto a la prioridad de uso que la empresa pretende obtener sobre la capacidad adicional que generarán las obras.

Actualmente, Vicuña solicita mantener el esquema ya aprobado por el organismo regulador nacional, que le otorgaría prioridad sobre el 90% de la nueva capacidad de transporte durante 25 años.

La empresa sostiene que la obra es indispensable para avanzar con el desarrollo de su proyecto y que los plazos son críticos para cumplir con su cronograma de inversión.

Uno de los principales cuestionamientos llegó desde actores que participaron en la construcción de la infraestructura eléctrica existente.

A comienzos del desarrollo minero en San Juan, proyectos como Veladero, Gualcamayo y Casposo aportaron alrededor de 183 millones de dólares para concretar la conexión provincial al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad señalaron que permitir que un nuevo actor utilice infraestructura sin contemplar los aportes realizados anteriormente podría generar una situación de inequidad respecto de quienes financiaron obras décadas atrás.

Las críticas no provinieron únicamente de quienes invirtieron en el pasado.

Representantes de Los Azules y Hualilán advirtieron que reservar gran parte de la capacidad futura a un solo usuario podría limitar las posibilidades de desarrollo de otros emprendimientos mineros que necesitarán energía en los próximos años.

Uno de los planteos más duros fue realizado por Miguel Gil, representante técnico de Los Azules, quien cuestionó los fundamentos utilizados para determinar los porcentajes de prioridad solicitados por Vicuña.

El EPRE se posicionó como uno de los actores centrales de la discusión.

Su presidente, Roberto Ferrero, planteó dos condiciones principales:

• Que Vicuña suscriba acuerdos similares a los firmados anteriormente por otras compañías mineras.

• Que la capacidad excedente que no utilice la empresa quede disponible para el resto de los usuarios de la provincia.

Además, municipios como Jáchal e Iglesia solicitaron que se garantice energía para futuras actividades productivas y que la prioridad de uso pueda revisarse periódicamente.

Más allá de la resolución específica que deberá emitir la autoridad nacional en aproximadamente 30 días, la audiencia dejó planteado un desafío de largo plazo para San Juan.

Las obras impulsadas por Vicuña pasarán a formar parte de la infraestructura pública operada por Transener, y la provincia necesitará seguir ampliando su red para abastecer futuros desarrollos mineros como Los Azules, El Pachón, Altar y otros proyectos metalíferos.

La discusión de fondo gira en torno a cómo incentivar inversiones privadas estratégicas sin generar beneficios desproporcionados para un único actor y, al mismo tiempo, evitar que otros usuarios aprovechen infraestructura financiada por terceros sin asumir parte de los costos.

La decisión que adopte la autoridad regulatoria determinará si Vicuña mantiene la prioridad solicitada sobre la nueva capacidad eléctrica y bajo qué condiciones.

Sin embargo, el debate dejó una cuestión más amplia sobre la mesa: cómo diseñar un modelo que permita financiar la infraestructura que necesita el crecimiento minero de San Juan garantizando reglas equilibradas para quienes invierten hoy y para quienes utilizarán esas obras en el futuro.