Ley de Glaciares: la oposición pide ampliar la audiencia pública en Diputados

El debate por la reforma de la Ley de Glaciares de Argentina sumó nuevas tensiones en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, luego de que legisladores de la oposición solicitaran ampliar la audiencia pública prevista para analizar el proyecto.

El planteo surge tras conocerse que más de 10.000 personas se inscribieron para participar del debate, una cifra muy superior a la capacidad contemplada en el esquema actual de exposiciones.

El pedido fue enviado al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y también a los titulares de las comisiones que tratarán la iniciativa, entre ellos el diputado sanjuanino José Peluc, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, y Nicolás Mayoraz, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Más de 10 mil inscriptos y cupos limitados

Según informaron desde el Congreso, la audiencia pública está prevista en dos jornadas de nueve horas cada una, con intervenciones de cinco minutos por expositor. Bajo ese formato, solo podrían participar poco más de 200 oradores, lo que dejaría afuera a la gran mayoría de los inscriptos.

Ante este escenario, los bloques opositores reclamaron extender la duración del debate y ampliar el número de expositores, con el objetivo de garantizar un proceso más participativo.

Reclamo de transparencia

En paralelo, organizaciones ambientalistas también solicitaron mayor transparencia en el proceso legislativo. El Círculo de Políticas Ambientales pidió que el Congreso publique el listado completo de personas inscriptas para verificar la cantidad real de participantes.

El planteo fue respaldado por el diputado Maximiliano Ferraro, quien sostuvo que la Cámara debe difundir y actualizar periódicamente los registros de inscripción.

Qué cambia la reforma en debate

El proyecto que se analiza en el Congreso propone modificar la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce.

La norma también fija restricciones a actividades productivas que puedan afectar estos ecosistemas, por lo que su eventual modificación genera un fuerte debate entre organizaciones ambientales, especialistas y sectores vinculados a la minería y otras actividades económicas, especialmente en las provincias cordilleranas.