Ley de Glaciares: se desarrolla la segunda audiencia y el oficialismo quiere sesionar el 8 de abril

La Cámara de Diputados avanza con el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares, en medio de fuertes tensiones políticas y cuestionamientos por parte de la oposición y sectores ambientalistas.

Este jueves se lleva adelante la segunda audiencia pública, en formato virtual, luego de una primera jornada presencial marcada por la polémica. Más de 190 oradores participaron del debate, con posturas divididas entre quienes respaldan la iniciativa y quienes rechazan los cambios, anticipando incluso una posible judicialización en caso de aprobarse.

El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y forma parte de una agenda legislativa impulsada por el oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza. La hoja de ruta prevé convocar a un plenario de comisiones el 31 de marzo para firmar dictamen y llevar el texto al recinto el 8 de abril. Si no se introducen modificaciones, la norma quedará sancionada.

Durante la primera audiencia, surgieron fuertes críticas por presuntas irregularidades en el proceso. Legisladores opositores denunciaron falta de transparencia en la selección de oradores y restricciones en la participación ciudadana, lo que derivó en una impugnación formal presentada ante el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Entre los cuestionamientos, se señaló que el esquema limita la intervención oral, introduce criterios discrecionales para elegir participantes y vulnera normas como la Constitución, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Además, algunos sectores denunciaron que se modificaron las condiciones de participación una vez iniciado el proceso.

Desde el oficialismo defendieron el formato de las audiencias, argumentando que responde a criterios organizativos y a la necesidad de garantizar el desarrollo ordenado del debate. También sostuvieron que todos los inscriptos contaron con instancias para participar, ya sea de forma presencial, virtual o mediante presentaciones escritas.

El tratamiento de la reforma se da en un contexto de alta sensibilidad política y social, donde el eje central del debate gira en torno al equilibrio entre el desarrollo productivo y la protección ambiental. En ese escenario, el resultado legislativo podría abrir un nuevo frente judicial en torno a la normativa.