Mendoza blinda su política minera con una Ley de Regalías y un Fondo de Compensación Ambiental

El Gobierno de Mendoza presentó ante la Legislatura provincial un nuevo paquete de leyes con el objetivo de consolidar su política minera y otorgar mayor certidumbre regulatoria al sector. Las iniciativas incluyen la creación de un régimen de regalías mineras —una deuda pendiente en la provincia— y un Fondo de Compensación Ambiental de acción rápida.

Las propuestas fueron presentadas junto con las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) de los proyectos PSJ Cobre Mendocino y Malargüe Distrito Minero Occidental, confirmando la decisión del Ejecutivo, encabezado por Alfredo Cornejo, de avanzar en el desarrollo minero bajo un marco normativo actualizado.

La Ley de Regalías Mineras establece un régimen jurídico para la percepción, liquidación, control y distribución de las regalías derivadas de la explotación de recursos minerales. El monto se calculará sobre el valor “boca mina” del mineral extraído, con un tope del 3%, en línea con la Ley Nacional N° 24.196.

La iniciativa incorpora además mecanismos de control para evitar la subdeclaración de valores. Si el precio declarado resulta inferior al del mercado nacional o internacional, se aplicará el valor más alto como base de cálculo.

Asimismo, la reglamentación permitirá aplicar regímenes diferenciales para proyectos que agreguen valor local, utilicen tecnologías limpias o cumplan con altos estándares ambientales y de inclusión social y de género.

En cuanto a la distribución, el 88% de la recaudación se destinará a Rentas Generales de la Provincia, mientras que el 12% restante corresponderá a los municipios donde se realice la extracción, siempre que adhieran al régimen y renuncien a otros tipos de imposición local.

Por otra parte, el Fondo de Compensación Ambiental busca garantizar la prevención y mitigación de posibles daños ambientales y actuar de manera inmediata ante emergencias. Se financiará principalmente con el 15% de la porción provincial de las regalías, además de otras fuentes que podrá determinar la autoridad competente, como aportes presupuestarios, convenios internacionales o multas ambientales.

Con este paquete legislativo, Mendoza avanza en el fortalecimiento de su institucionalidad minera, asegurando que el desarrollo de la actividad se realice con responsabilidad económica, social y ambiental.