Menos cemento masivo y más comunidad: el IPV redefine la política habitacional en San Juan

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de la provincia de San Juan avanza en un cambio estructural en su modelo de desarrollo urbano: dejar atrás los megabarrios para dar paso a complejos de menor escala, con un máximo de 50 viviendas, orientados a fortalecer la convivencia y el tejido social.

La directora del organismo, Elina Peralta, fue contundente al explicar el giro: los barrios de gran densidad, con cientos o miles de viviendas, han demostrado ser socialmente problemáticos y difíciles de sostener en el tiempo. Según planteó, el exceso de concentración poblacional dificulta la organización comunitaria y limita el desarrollo de instituciones barriales como las uniones vecinales.

Este enfoque marca un quiebre con modelos anteriores que priorizaban la cantidad de soluciones habitacionales por sobre la planificación urbana integral. Ejemplos de esa etapa son complejos como el Barrio Valle Grande, con más de mil viviendas, o los desarrollos en Rivadavia tras el terremoto de 2021, que implicaron la creación de núcleos urbanos de gran escala.

Desde el IPV sostienen que estos conglomerados, si bien resolvieron urgencias habitacionales, generaron nuevos desafíos: presión sobre servicios básicos, dificultades de integración y barrios que terminan funcionando como unidades aisladas dentro del entramado urbano.

Nuevo paradigma: planificación y escala humana

El modelo actual busca priorizar barrios más pequeños, mejor integrados al entorno y con infraestructura planificada desde el inicio. La lógica es clara: menor densidad, mayor control urbano y mejores condiciones para el desarrollo comunitario.

Además, se apunta a corregir errores del pasado vinculados a la localización de los proyectos. La falta de previsión en algunos casos derivó en problemas como baja presión de agua o saturación de servicios en zonas ya habitadas.

Otro eje central es el cambio en los criterios de adjudicación. La gestión actual busca consolidar el sistema de sorteos como mecanismo de acceso a la vivienda, evitando distorsiones generadas en etapas anteriores, donde la erradicación de asentamientos derivó —según la visión oficial— en incentivos a la ocupación irregular de tierras.

Financiamiento provincial y metas para 2026

El contexto económico también condiciona la estrategia. Ante la reducción del financiamiento nacional —que históricamente representaba gran parte de los recursos del organismo— el IPV depende ahora de fondos exclusivamente provinciales. Esto obliga a una ejecución más gradual y selectiva de los proyectos.

Para 2026, el objetivo es activar parte de los 30 desarrollos ya proyectados bajo este նոր esquema, además de impulsar operatorias individuales con créditos destinados a quienes poseen terreno propio, con un cupo inicial estimado en 300 beneficiarios.

El cambio de paradigma no es menor: implica pasar de una política centrada en volumen a una enfocada en calidad urbana. La apuesta oficial es que, a menor escala, los barrios no solo se construyan, sino que también evolucionen como comunidades sostenibles en el tiempo.