Milei deja en segundo plano la Corte Suprema y concentra esfuerzos en la reforma tributaria y política

El Gobierno nacional prioriza una agenda legislativa centrada en reformas estructurales —incluidas la tributaria y la política— relegando la cobertura de vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros aspectos judiciales a un segundo plano.

El presidente Javier Milei y su administración definieron las prioridades de la agenda parlamentaria para 2026, en la que la cobertura de vacantes en la Corte Suprema de Justicia y la designación de jueces, fiscales y defensores públicos no figuran entre los objetivos inmediatos del Ejecutivo, pese al déficit de magistrados y funcionarios en el sistema judicial.

Según detalló el Gobierno, si bien existen dos cargos sin cubrir en el Máximo Tribunal luego de rechazos del Senado a las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla —y un total significativo de vacantes federales en todo el país— estas designaciones quedarán postergadas temporalmente mientras el oficialismo concentra esfuerzos en avanzar con proyectos legislativos considerados “estructurales”.

Los principales ejes que la Casa Rosada quiere impulsar con urgencia incluyen:

• Reforma tributaria, con cambios en el sistema impositivo que busca “actualizar y simplificar” la estructura fiscal en línea con las políticas económicas del Gobierno.

• Reforma política, orientada a modificar reglas de financiamiento de los partidos y a implementar cambios como la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y ajustes en los mecanismos de votación, como la incorporación de nuevas opciones en la boleta única de papel.

Adicionalmente, el Gobierno quiere avanzar con modificaciones a la Ley de Glaciares, la presentación de un nuevo Código Penal y proyectos incluidos en acuerdos compartidos como el Pacto de Mayo para garantizar estabilidad fiscal y monetaria.

El Ejecutivo reconoció que el Ministerio de Justicia ya tiene nombres definidos para cubrir parte de las vacantes en la Justicia federal y en el máximo tribunal, pero la decisión de enviar esos pliegos al Senado está supeditada a la estrategia política y la correlación de fuerzas en el Congreso, donde La Libertad Avanza busca consolidar mayorías para sus iniciativas.

La postura del Gobierno refleja una priorización de reformas normativas de impacto económico y político inmediato por sobre la normalización del funcionamiento pleno del Poder Judicial, que enfrenta una extensa escasez de magistrados. El planteo oficial es que las designaciones pendientes “deben abordarse, pero no obstaculizarán el avance de leyes que consideran clave para el desarrollo del país este año”.

La decisión de relegar la cobertura de cargos judiciales ocurre en un contexto donde el oficialismo prepara la apertura de sesiones ordinarias en marzo con una agenda cargada de proyectos que van desde lo fiscal a lo institucional. Observadores políticos señalan que concentrar esfuerzos en la reforma tributaria y política busca generar resultados tangibles en el corto plazo y responder a promesas de campaña, aunque también podría tensar las negociaciones con bloques parlamentarios necesarios para aprobar estos cambios.

La situación —que combina agenda de reformas con decisiones estratégicas sobre cargos judiciales— anticipa un año legislativo intenso en el que se medirán prioridades de política pública frente a equilibrios institucionales tradicionales.