Orrego contraataca: “Acusaciones sin sustento” y ultimátum judicial a un programa nacional

El gobernador de San Juan inició acciones legales tras denunciar una campaña de agravios en un programa televisivo y exigió una rectificación pública en un plazo de 24 horas.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, decidió avanzar con acciones civiles por daños y perjuicios luego de considerar que fue víctima de una “campaña de falsedades y agravios” difundida en el programa televisivo Telenueve Denuncia.

La medida incluye el envío de cartas documento al periodista Tomás Méndez, a la productora Telearte y al Grupo Octubre, a quienes intimó a rectificar públicamente las afirmaciones emitidas o, en su defecto, ratificarlas con pruebas en un plazo de 24 horas.

En la presentación formal, el mandatario sostuvo que durante la emisión del programa se le atribuyeron hechos ilícitos de gravedad mediante expresiones que calificó como “manifiestamente inexactas, injuriantes y carentes de sustento fáctico”. Según indicó, el contenido fue expuesto como información verificada, lo que —a su entender— excede los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y afecta su honor y reputación.

Asimismo, advirtió que, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dentro del plazo establecido, avanzará no solo con una demanda civil, sino también con acciones penales por calumnias e injurias.

El conflicto se da en un contexto más amplio, ya que otros mandatarios provinciales también iniciaron o evalúan medidas similares contra el mismo periodista. Entre quienes ya avanzaron con acciones judiciales se encuentran Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, mientras que también se sumó Rogelio Frigerio.

En paralelo, analizan seguir el mismo camino Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Claudio Poggi, en un escenario que comienza a evidenciar una reacción coordinada de distintos gobiernos provinciales.

Desde el Gobierno sanjuanino remarcaron que la imputación pública de delitos sin respaldo probatorio configura una conducta ilegítima que afecta no solo a las personas involucradas, sino también al funcionamiento institucional, y sostuvieron que este tipo de prácticas no debe ser tolerado en el marco del debate democrático.